El que calla, otorga
Mario Marín asistió puntualmente al citatorio de la PGR para comparecer en la averiguación de los delitos cometidos contra la periodista Lydia Cacho, aunque se reservó el derecho para declarar su versión de los hechos. Creo que debió hacerlo y aprovechar la oportunidad de expresar su verdad ante la Fiscalía Especial de delitos cometidos contra periodistas. Aunque constitucionalmente tiene derecho a reservarse, creo que era el momento idóneo para manifestar por fin su verdad jurídica, una vez que su verdad mediática ha estado llena de confusiones y contradicciones, especialmente a la hora de referirse sobre su conversación con Kamel Nacif. Marín expresó que negó su declaración para privilegiar la investigación de la Corte y evitar la superposición de procesos. Pero de nueva cuenta, el problema no es jurídico, sino mediático: la negativa a declarar seguramente será interpretada por los medios nacionales como una reticencia a expresar con claridad lo hechos que sucedieron en relación a la periodista. En pocas palabras, sería asumir el silencio como culpabilidad, en virtud del viejo dicho de “el que calla, otorga”. No entiendo la estrategia.
Por otra parte, en virtud de un juicio equilibrado, creo que el gobernador tiene razón al buscar proceder en contra del ministro Genaro Góngora Pimental después de las expresiones vertidas la semana pasada en Oaxaca, en las que prácticamente asume la responsabilidad de Marín y el gobierno estatal en la violación a las garantías individuales de la periodista. En su momento, exprese que el ministro se excedió cuando señaló que "Lo que sí sabemos, y por eso el pleno de la Corte, con 6 votos a favor contra 4, decidió iniciar la investigación, es que fue una violación a las garantías individuales en contra de una luchadora social”.
En los hechos, prácticamente Góngora Pimentel adelantó ya su voto en contra de Marín y confirmó que los otros cinco ministros que signaron su anuencia para investigar, lo hicieron en la lógica de encontrar una real y existente violación a las garantías fundamentales de la periodista Cacho. En otras palabras: que no necesitan conocer el resultado de la investigación que ya desarrollan los magistrados Emma Meza y Óscar Vázquez. Como un heraldo oscuro, Góngora anunció que para los ministros Juan Silva Meza, Sergio Valls, José de Jesús Gudiño Pelayo, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío la sentencia final ya está dictada y sólo es un mero trámite conocer los resolutivos de la comisión.
Góngora Pimentel prejuzgó el caso y dictó sentencia. Lo mismo hicieron los ministros en su argumentación al votar a favor de la investigación. ¿Los integrantes de la Corte excedieron sus facultades? Probablemente. ¿Góngora Pimental se extralimitó, al gritar a los cuatro vientos su voto contra Marín? Muy probablemente. ¿Qué no deberían haberlo hecho? Quizá. Pero hay lo que hay. Y la realidad es que hay una mayoría de ministros en la Suprema Corte que ya emitieron su sentencia y consideran culpable a Marín.
Legítimamente el gobernador busca contraatacar a Góngora y anuncia que su equipo jurídico ya analiza las vías. Por dos razones, dudo que las encuentren: una, porque contra un ministro de la Suprema Corte sólo procede el juicio político. Y como van las cosas, parece que pasaría primero el desafuero contra Marín que contra Góngora. Y dos, porque el equipo jurídico del gobernado está para asustarse si al frente de los controles se encuentra el gris Germán Hickman Morales, un político de medio pelo que siempre ha aspirado a ser diputado pero nunca lo ha conseguido, excepto de rebote por la vía de la suplencia.
Hickman se asume como doctor en derecho y como tal sale a la defensa jurídica. Primera noticia de su personalidad como letrado. Si yo fuera Mario Marín, hubiera contratado al mejor despacho de abogados del país, al precio que fuera y sin tacañerías. Pero en fin.
El cerco jurídico se cierra, pero siempre aderezado por la presión mediática. En el equipo del gobernado se olvidaron de que el silencio también habla.
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