LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL
La democracia es mucho más que los comicios para designar a las autoridades de elección popular, no obstante la mente de muchos mexicanos, está fija en lo que ocurrirá el domingo 2 de julio.
Y es que estas elecciones, además de ser las más competidas en la historia del México moderno, son sumamente aleccionadoras para la construcción de disposiciones legislativas que hagan de este tipo de contiendas, un torneo de propuestas y adhesiones, una fiesta cívica en la que se privilegie la exploración de los recursos técnicos de los candidatos y sus equipos, de tal manera que se apueste a la razón y en ella se sustente la decisión ciudadana.
El reto para la legislatura que surja el 2 de julio, es generar una legislación electoral que acote malas artes políticas e institucionalice la civilidad, colocando al margen de la ley, practicas que lastimen a la democracia, llegando incluso a cavar su tumba.
Esto impone de suyo, entre otras medidas:
La definición y regulación de las precampañas, con sus topes de inversión financiera, la transparencia en el origen de esos recursos; y la duración de las campañas, así como señalar con precisión quienes no pueden hacer precampaña.
Acortar las campañas en cuanto a tiempo, lo mismo para optimizar recursos, como para no crear ambientes propicios a forcejeos políticos que generen espacios de ingobernabilidad.
Se requiere establecer, requisitos de aptitud y actitud para los candidatos, (independientemente de los que establezcan de manera interna los institutos políticos para su uso interno); que eviten la postulación de personalidades psicóticas, excesivamente protagónicas, agresivas o antisociales.
Compeler a todo aquel que se postule al cargo que sea, a presentar una plataforma política que será su único tema de su campaña, y a la que no pueda añadir o quitar nada, según los vaivenes de las preferencias de los potenciales electores, de tal forma que su propuesta original permanezca así, hasta el final de la contienda.
De igual forma, que los candidatos, sus oradores, voceros y comunicadores, puedan comentar y aplicar situacionalmente su plataforma política, pero nunca referirse a la de sus adversarios; de modo que la comparación y el juicio, corresponda únicamente al ciudadano en su fuero interno.
Habrá que reglamentar los debates: Su obligatoriedad, o no, las circunstancias que los hagan imperativos, los elementos esenciales que los integren; resulta importante crear mecanismos para incluir a la ciudadanía a los debates y establecer el tono de sus interpelaciones.
Resulta imperativo que los candidatos que tengan conocimiento de ilícitos imputables a sus adversarios, hagan del conocimiento de los mismos a las autoridades competentes y de no hacerlo caigan en la figura de encubrimiento; pero que al hacer sus denuncias, estas tengan un procedimiento que impida al candidato capitalizar políticamente su denuncia.
Desde luego que es vital, establecer la intervención de los servidores públicos de todos los niveles a favor de algún instituto político o candidato, lo mismo en las precampañas que en las campañas, sin lesionar sus derechos como ciudadanos, pero sí evitando que su peso político específico haga inequitativa la contienda.
Hay mucho más que sugerir a los legisladores para avanzar en el tránsito de la nación hacia una democracia electoral, más equitativa, civilizada y objetiva, que vele porque la decisión ciudadana sea informada, razonada y serena; salvaguardada de manipulaciones y exenta de intereses antisociales, ya sean de grupos o de individuos.
Pero hay una figura que se impone legislar a la brevedad.
Y es que la prioridad es lograr que las elecciones en su mismo acto de realización, sean legitimadoras de quien obtenga la mayoría de votos, a fin de conjurar en definitiva los fantasmas de los conflictos electorales.
Una de las características que están tomando las elecciones en México, es el que, resultan sumamente competidas, lo que de ninguna manera es indeseable.
No obstante, al fraccionarse en tres tercios el grueso del electorado, quien triunfe prácticamente carece de mayoría real, esto genera la necesidad del establecimiento de la segunda vuelta, de manera que al no obtener ninguno de los candidatos más del 51 % de los sufragios emitidos, puedan competir en segunda ocasión, únicamente los dos que hayan obtenido la más alta votación.
Este dispositivo obligará a los contendientes punteros, a negociar consensos y alianzas que crearán coaliciones aún desde antes de acceder al poder. Y que podrán prolongarse precisamente en el ejercicio de su administración, lo que acrecentará los márgenes de gobernabilidad y acelerará el desarrollo del país; al impedir la parálisis que ya en el ejercicio de gobierno se ha observado en los últimos tiempos.
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