Crisis en la seguridad pública
Una de las secuelas del tsunami llamado Lydia Cacho es el desprestigio evidente en que ha caído la procuración de justicia y el sistema de seguridad en Puebla. Los tumbos del gobierno estatal pronto podrían reflejarse en la paralización de la lucha contra la delincuencia. El trío de funcionarios encargados de la responsabilidad más importante del gobierno estatal penden de un hilo después de las tonterías que han cometido en las últimas semanas. Y es que entre Blanca Laura Villeda, Javier López Zavala y Alejandro Fernández, se han encargado de convertir en un chiquero a la procuración de justicia en la entidad. Los tres funcionarios deberán responder en corto tiempo por hacer del centro neurálgico de todo gobierno-la seguridad pública- una mala caricatura con consecuencias para todos los poblanos.
En pocas semanas Puebla podría convertirse en el paraíso de las mafias del crimen organizado. Observe este cóctel: una Procuradora hospitalizada, un inexperto director de la policía judicial, una persecución en contra de los judiciales de élite, un encargado del Consejo Estatal de Seguridad Pública que persigue opositores del marinismo y narcocemiteros, y por último, un Secretario de Gobernación desgastado y a punto de abandonar el cargo. Como guinda al pastel, el único que sí sabía del tema ya despacha en la subsecretaría de comunicaciones, un lugar en el que se encuentra francamente desperdiciado. ¡Voila¡ La delincuencia podría hacer una orgía en Puebla y nadie se enteraría.
La crisis de la seguridad pública fue evidenciada por el Kamelgate, pero sus antecedentes se remontan al enfrentamiento abierto entre Blanca Laura Villeda y Adolfo Káram por el control de las áreas centrales de la Procuraduría de Justicia. Una guerra intestina que trascendió al público gracias la información privilegiada de un columnista privilegiado como es Alfonso Ponce de León. Es cierto que durante el primer año de gobierno se entregaron buenas cuentas en el tema de seguridad pública, sobre todo en temas como la guerra contra el “narcomenudeo”, la piratería, el contrabando y recuperación de vehículos robados. La mayorías de los éxitos fueron protagonizados por la Policía Judicial, causando el celo de Blanca Laura Villeda, quién afectada sicológicamente por su detección de cáncer mamario y la mastectomía que sufrió en septiembre pasado, comenzó una lucha sin cuartel hasta destruir todo lo que oliera a Káram.
Los desencuentros entre ambos funcionarios fueron constantes y aunque Marín los conminó a alcanzar una paz, nunca pudo materializarla. La detención de Lydia Cacho terminó por acelerar la ruptura entre ambos personajes. Y aunque la salida de la Procuradora era lógica después de sus declaraciones en contra de la periodista, en la que reconoció que nunca le notificó la denuncia para que “no armara un escándalo”, Marín consideró que entregar su cabeza sería un reconocimiento de la culpabilidad en la arbitraria detención. Por eso sobrevivió en el mes de enero. Vaya ironía: el Kamelgate en realidad le dio oxígeno a una funcionaria que ya tenía su certificado de defunción.
Con el tsunami que comenzó el 14 de febrero se planteó nuevamente la salida de la Procuradora. Lo que Marín no sabía es que cuando la perra es brava, hasta a los de la casa muerde. Y cuando a Blanca Laura Villeda le plantearon una salida digna –una beca al extranjero para estudiar un doctorado-, la Procuradora enloqueció. En primer lugar, como lo narró Mejía, aceptó irse a cambio de que Káram abandonase la Policía Judicial. Así sucedió y a la niña le cumplieron su capricho. Pero resultó que siempre no. Que ya que tuvo la cabeza de su odiado enemigo, amenazó a Marín con despepitar la verdad del caso Lydia Cacho en caso de que la defenestraran –como lo contó Arturo Luna- y aunque la versión de que Ricardo Velásquez se preparaba para llegar a la Procuraduría ante la hospitalización de Villeda, todo indica que es tan de hierro que este lunes regresará a despachar al edificio de la 31 poniente.
En medio de las amenazas, logró imponer como nuevo director de la Policía Judicial a un verdadero novato en las lides de la lucha contra la delincuencia. Hugo Isaac Arzóla, que fue un buen juez civil, sabe de policías y operativos lo mismo que yo sé de astrofísica. O sea, nada. Cumpliendo instrucciones de Villeda, Arzola se ha dedico a golpetear a lo todo lo que huela a Káram. Entre su estúpida reorganización, ordenó la desaparición del grupo “Sagitario” –élite en materia de narcomenudeo- y el desmantelamiento del grupo “Mandamientos Judiciales”, lanzándolos a sus integrantes a distintas comandancias a ejecutar tareas comunes. Por supuesto, la AFI, que antes colaboraba con la Judicial poblana, no quiere saber nada de Arzóla después de que el flamante director les llamara para saber que se hacía con un narcomenudista capturado.
El cóctel de la inseguridad está servido. Pero lo mejor viene todavía, porque entre los Policías Judiciales corre el rumor de que el descontento por la designación del nuevo Director provocaría un paro de actividades. Y si se materializa el paro, ese día la delincuencia se vendrá a vivir a Puebla. Las secuelas del Kamelgate continúan. La cloaca se abrió.
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