La justicia poblana, de las peores en el país
Según un análisis nacional del ITAM y Moody’s de México
Edmundo Velázquez
En el estudio llevado a cabo en todo el país, el estado de Puebla aparece como uno de los más influenciados por el Poder Ejecutivo. También se habla de alta incompetencia entre sus juzgadores y de un rango poco aceptable en el manejo de procedimientos mercantiles.
Como uno de los tribunales más incompetentes a nivel nacional fue calificado el Tribunal Superior de Justicia en Puebla, durante el último estudio del ITAM y Moody’s de México.
En el estudio se evidencia a la justicia mercantil de Puebla como una de las más sometidas por el Poder Ejecutivo en el país. Además, se distingue por ser uno de los estados con poca calidad institucional, donde duran más los procedimientos de justicia mercantil y sus empleados muestran muy poca eficiencia.
El análisis reporta una planta laboral identificada con bajo nivel profesional, y aparecen “serios en la imparcialidad de los juzgadores”, por la influencia que ejerce el Ejecutivo en Puebla.
Además, se advierte que el presupuesto asignado al Poder Judicial —por lo menos en el ejercicio 2006— es aceptable, pero no se aplica de manera adecuada pues existe insuficiencia de personal, lo que provoca rezago de expedientes.
El Estado de México, Guanajuato y Nuevo León son de las pocas entidades federativas que alcanzan el mayor puntaje (catalogado en el estudio como EC1), mientras que Puebla se mantiene “débil” (con una marca EC4) sólo comparado con estados como Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas.
El estudio se realizó para medir el comportamiento de los tribunales y su conveniencia para los empresarios en el año del 2006; está basado en los resultados del tercer estudio independiente llevado a cabo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Gaxiola, Moraila y Asociados, S.C., denominado “Ejecución de Contratos Mercantiles e Hipoteca. Indicadores de confiabilidad y Desarrollo Institucional Local”.
Al estudio, la firma Moody’s de México asignó calificaciones de ejecutabilidad contractual (a bien las siglas EC) a las 32 entidades federativas de México —31 estados y el Distrito Federal.
De acuerdo a la firma Moody’s, el diagnóstico sirve para catalogar el nivel de eficiencia de las instituciones públicas estatales involucradas en la administración de justicia.
En éste también se refleja la eficiencia de las leyes estatales que se relacionan con los contratos mercantiles e hipotecarios.
Aplicantes y datos para evaluar
El ITAM llevó a cabo la aplicación de encuestas de opinión entre expertos litigantes en todos los estados bajo estudio. Se utilizó la información proporcionada por cada tribunal estatal, a lo cual se sumó la información recabada de las visitas físicas hechas por el equipo de investigación de la misma casa de estudios.
En el estudio se ubicaron cuatro variantes con la información obtenida, temas que se consideran clave por el ITAM, Gaxiola, Moraila y Asociados, S.C., Moody’s de México y los expertos legales consultados. Entre ellos se encuentran:
1. Calidad institucional
2. Duración de los procedimientos mercantiles
3. Suficiencia y aplicación eficiente de recursos humanos y materiales
4. Eficiencia en la ejecución de las sentencias
Estas cuatro variantes ubican el funcionamiento eficaz de los tribunales estatales en la resolución de disputas sobre contratos mercantiles e hipotecarios, y la obligación al cumplimiento de las resoluciones.
Así califica Puebla
En materia de justicia mercantil, el estado —según el análisis de Moody’s— es calificado como E4. En el examen, la mejor calificación a la que se aspira es E1 y la más baja es E5. “Débil” es el adjetivo con que se describe a Puebla. A continuación el resumen exacto del estudio Moody’s.
Puebla: calificación E4
El Poder Judicial del Estado de Puebla enfrenta un reto importante para mejorar los conocimientos jurídicos de sus juzgadores, a quienes los encuestados perciben con un bajo nivel profesional. Se reportaron problemas graves en la imparcialidad de los juzgadores, principalmente por la influencia que sobre éstos ejerce el Ejecutivo local. Asimismo, se aprecia necesario atender otros rubros como son: mejorar la carrera judicial, aumentar el número de juzgados, capacitar a los notificadores y efectuar una reforma a la legislación procesal civil local, que coadyuve al desarrollo eficiente de los procesos.
También se presentan problemas en el rubro de duración de los procedimientos, principalmente en los juicios que se tramitan en la vía ejecutiva mercantil e hipotecaria. Las cosas mejoran un poco en la etapa de ejecución de las sentencias, aunque existen reportes de dilaciones procesales por la presencia constante de simulación de juicios laborales y la utilización de criterios discrecionales por parte de los juzgadores.
El presupuesto asignado al Poder Judicial en el ejercicio 2006 es relativamente aceptable; sin embargo, pudiera no estar aplicándose adecuadamente, ya que hay insuficiencia de personal, lo cual explica de cierta manera un importante rezago de expedientes reportado, tanto en salas como en juzgados.
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