Acepta IP tomar ventaja de Marín
Sierra Michelena admite que se han aprovechado de la debilidad del gobernador
Especial
En la revista Proceso de esta semana, el periodista Álvaro Delgado hace una entrevista al panista Rogelio Sierra Michelena, vicepresidente nacional de Coparmex, quien como presidente de este organismo en Puebla pactó el control del Impuesto Sobre la Nómina (ISN). El panista aseveró que la cúpula empresarial de Puebla aprovecha la debilidad política del gobernador Mario Marín para arrancarle prebendas. Además, el empresario poblano aseguró que el gobernador cumple y se perfila como el mejor mandatario en la historia de Puebla: “Su actitud ha sido de absoluto arrepentimiento”.
A continuación se presenta el reportaje de Álvaro Delgado en la revista Proceso, y se menciona la censura al programa radiofónico“La Quintacolumna”.
Y ahora, juntos
Álvaro Delgado
“La cúpula empresarial de Puebla aprovecha la debilidad política del gobernador Mario Marín para arrancarle prebendas; este a su vez se vale de su respaldo interesado para promoverse a cualquier costo, ya que, aunque lejana, la sucesión podría definirse por el rumbo que tome el escándalo Marín-Nacif. Por eso al gobernador le vino de perlas la visita de Felipe Calderón, sí, el mismo que como candidato prometió promover un juicio político contra él.
Exhibido a escala mundial en su colusión con el empresario Kamel Nacif y por el sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial de Puebla para ‛escarmentar’ a la periodista Lydia Cacho, el gobernador Mario Marín —quien el lunes 15 rinde su segundo informe de gobierno— se atrinchera en el ultraderechista empresariado local, en Televisa y Televisión Azteca, así como en el Partido Acción Nacional (PAN) y en Felipe Calderón.
En su extrema debilidad política, que todos sus adversarios capitalizan, Marín usa armas para aferrarse al poder al cargo: el dinero y las complicidades.
Olvidado por su compromiso de campaña para enjuiciarlo políticamente, Calderón distinguió a Marín con una visita a Puebla a seis días del informe de gobierno, mientras que el PAN (nacional y local) lo solapa por instrucciones de Manuel Espino, quien formalizó con él, en una reunión en Atlixco, un pacto político un mes antes de las elecciones presidenciales del 2 de julio.
Así, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) integra la comisión investigadora para verificar la violación de las garantías individuales de Cacho, absuelta a su vez del delito de difamación que le imputaba Nacif., la iniciativa privada local —granero nacional de dirigentes empresariales y del PAN—aprovecha la debilidad de Marín para arrebatar prebendas.
Por ejemplo, ya controla la administración de 612 millones de pesos de impuestos destinados a obra pública, mediante la creación del organismo que reedita la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, que desde la década de los cincuenta controló la derecha empresarial y que liquidó Manuel Bartlett, precisamente a través de Marín, quien era su secretario de Gobernación.
Después de esa medida, uno de los más radicales críticos de Marín, el panista Rogelio Sierra Michelena, vicepresidente nacional de Coparmex y quien como presidente de este organismo en Puebla pactó el control de ese fondo, es su principal propagandista. El gobernador —asegura el también contratista del gobierno— sí cumple y se perfila como el mejor mandatario en la historia de Puebla:
‛Su actitud ha sido de absoluto arrepentimiento. No deja de ser quien es y la escuela que tiene, pero sí ha sido una persona que, con mucha humildad, agachó la cabeza y se puso a trabajar. Lejos de que pudiera hacerle más daño al estado, puede ser uno de los gobernadores que más haga por Puebla, como nunca, porque es la única carta política que le queda’.
—¿El empresario aprovecha su debilidad política? —Se le pregunta.
—¿Tú no lo harías?
—Yo no soy político.
—Ah, ¿pero tú no aprovecharías la debilidad que existe en un área para sacar algo para el bien común? Es lo que estamos haciendo.
¡Otro rollo!
Paralelamente, con abundantes recurso públicos ejercidos por publicistas de la talla de Miguel Lerma Candelaria, Juan Bustillos y Carlos Salomón Cámara, Marín copta a los medios locales, impresos y radiofónicos, para amainar el escándalo de las grabaciones, pero también a los medios del Distrito Federal, sobre todo a las dos grandes cadenas de televisión:
A Televisa le organizó, a un costo de al menos 21 millones de pesos, la entrega de los premios Oye, celebrada en octubre en el Complejo Cultural Siglo XXI. En esa ceremonia de promoción a cantantes de Televisa hubo gritos de repudio de los asistentes a Marín, justo cuando su esposa, Margarita García, tomó el micrófono para entregar la presea a Alejandro Fernández: ‛¡Precioso, precioso, precioso!’.
Tuvo que intervenir el humorista Adal Ramones para encubrir a Marín, quien se abstuvo de asistir. ‛Señores, por favor, que estamos en cadena nacional y más de 20 países nos van a ver. Debemos dar una buena imagen de Puebla’, dijo el conductor, quien celebró en esta entidad, en mayo, el aniversario de su programa Otro rollo, que le costó al erario estatal 10 millones de pesos.
Precisamente el inmueble en que se celebró este certamen de la farándula de Televisa, que ya no difunde las grabaciones que dieron lugar al escándalo, fue usado por Marín para congraciarse con la otra televisora: privatizó ese espacio en beneficio de Televisión Azteca por la vía de una concesión por los cuatro años que restan del sexenio y por los primeros seis del próximo.
En un proceso caracterizado por el ocultamiento, la concesión del complejo cultural se le otorgó, en octubre, a la empresa Asterra, propiedad de Raymundo Alonso Sandino, director de TV Azteca-Puebla y socio en la administración del nuevo negocio con Arena Monterrey, propiedad de la familia Salinas Pliego.
La concesión es tan ventajosa para TV Azteca que, ahora, el gobierno estatal deberá pagar por usar el inmueble construido en el sexenio de Melquíades Morales a un costo de más de 100 millones de pesos, salvo en ceremonias vinculadas al informe de gobierno, como el que rendirá este lunes 15 ante el Congreso, precisamente seis días después de la visita de Calderón a Puebla.
El gobierno marinista dispuso, tras la visita, un operativo informativo para dar la impresión que Calderón no cumplirá su palabra de promover juicio político contra Marín. Y como parte de ello, el vocero estatal, Javier Sánchez, ni siquiera contestó la llamada del reportero.
‛Las campañas son las campañas y como gobierno estamos obligados a trabajar. El presidente ha estado en una muestra de colaboración, de disposición, sobre todo de trabajo institucional. No hay pleito’, declaró el secretario de Desarrollo Social del estado de Puebla, Alejandro Armenta.
Y el presidente estatal del PRI, Valentín Meneses, también celebró la visita de Calderón, quien —destacó— escogió Puebla para poner en marcha dos programas contra la pobreza.
—Entonces, ¿el hecho de que presentara una petición de juicio político fue parte de la calentura política?—le preguntó una reportera,
—Desde luego.
El PAN, por su parte, sólo lanza tímidas críticas a Marín desde que, el 22 de junio tras reunirse con el gobernador en Atlixco, Espino envió un mensaje público en la capital del estado: ‛De ninguna manera es prudente que se siga hablando del caso Marín, ya que esto puede desalentar la votación en Puebla. Por eso el PAN no desea partidizar este escándalo y mucho menos busca andar como zopilote para ver qué ventajas saca del mismo. Este asunto ya está en manos de la autoridad correspondiente’.
Traje a la medida
En el curso del conflicto por el escándalo de Marín-Nacif, que involucra, además de prominentes políticos priistas, como Emilio Gamboa Patrón y Miguel Ángel Yunes, gravita la lucha por el poder: En noviembre habrá elecciones para renovar los ayuntamientos y el Congreso local, pero también desde ahora se disputa la gubernatura, pese a que el proceso electoral para la sucesión será en 2010.
Aunque en el PAN se vive también una recia disputa interna, en lo inmediato por las candidaturas al Congreso y la alcaldía capitalina, el fenómeno más evidente es en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a la abierta confrontación entre Marín y el alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, que el escándalo del ‛góber precioso’, exhibió.
El propio Doger, ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), reconoce las diferencias políticas con Marín, quien minimizó las movilizaciones en su contra tras la difusión de las grabaciones con Nacif, el 14 de febrero del año pasado, organizadas por el Frente Cívico Poblano, del que súbitamente se retiraron las organizaciones patronales.
‛Desde la campaña tuvimos diferencias en cómo abortar algunos temas, y ya en el ejercicio del gobierno se presentaron otras, particularmente en el caso Lydia Cacho’, dice Doger, quien no oculta su ambición por ser candidato a la gubernatura, aunque no la manifiesta públicamente porque, apenas en diciembre, el Congreso aprobó una ley que sanciona y penaliza las precampañas, incluidas las expresiones de búsqueda de un cargo.
‛Eso es interesante, porque muchos dicen que es un traje a la medida para algunas personas y ahora se sanciona si alguien dice: ‘yo quiero ser algo’. Es una cosa media rara’, dice Doger, cuidadoso de no aludir a su caso, pero insiste:
‛Dicen que es un traje a la medida para algunos, para eliminarlos en el camino. Espero que no.’
—¿Pero es su caso?
—Algunos dicen eso, pero no lo creo si todavía persiste y puede prevalecer un cierto espíritu democrático o de competencia. Sería gravísimo. No conozco los detalles, porque fue en diciembre y a los mejor es un regalo de Navidad adelantado para muchos.
Confrontado con el secretario de Gobierno, Javier López Zavala, presunto delfín de Marín, el ex rector dice que Puebla enfrentó un año difícil y el gobernador también lo ha tenido ‛en términos de credibilidad’, por lo que ha preferido trabajar, aunque acepta, ha privilegiado al sector privado.
‛Ese ha sido el punto de vista de muchas personas’, dice y pone como ejemplo el decreto de Marín mediante el cual se creó el Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios (CDICS), integrado por el gobierno y la iniciativa privada, que maneja 612.5 millones de pesos del impuesto sobre la nómina.
—¿Mario Marín está subordinado al empresariado?
—No podría yo decirlo así. Marín es un político y, como tal, tiene un compromiso con toda la ciudadanía. Sería muy grave que se subordinara a algún sector. No se debe subordinar a ninguno en particular, sino trabajar para todos. Hay grupos de presión en Puebla y, sin duda, en la crisis presionan con el fin de buscar ventajas.
Elogia la integración del CDICS —cuyo decreto se emitió en abril, en pleno escándalo, si bien las negociaciones comenzaron en noviembre de 2005— y los proyectos que pretende llevar a cabo, entre ellos la asignación de obras por parte de los dirigentes empresariales:
‛Hay un dato curioso: casi no se ha invertido en la ciudad de Puebla, que es el primero polo generador de empleos, salvo en la periferia. Todo mundo dice que sí, pero no se invierte. Es un dato que el balance de lo que han hecho este organismo debe señalarse, y sí, los empresarios pesan mucho en la asignación de obras.’
La relación entre Marín y las cúpulas empresariales, dice, es muy buena: ‛Por lo menos ya no escucho las críticas de los empresarios en torno al 14 de febrero. Eso públicamente no se ve.’
—¿Eso tiene un significado político?
—Eso hay que preguntárselo a ellos, pero es un hecho. A lo mejor están más dedicados a sus empresas y a trabajar que a la parte política. Pero eso, por lo menos, genera dudas.
No pasó nada
Salvo Marín, que es su presidente honorario, el CDICS está integrado sólo por empresarios, sector al que pertenecen los representantes del gobierno: los secretarios de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar; de Desarrollo Económico, Gerardo Fernández Sánchez; de Turismo, Juan José Bretón, y del Trabajo, Antonio López.
La lista de los miembros de la iniciativa privada es relevante, no sólo por su número, sino por su significado: la encabeza Juan Antonio Rodríguez Posada, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla y ex presidente de Coparmex, que presidió a nivel nacional su cuñado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, actual diputado federal panista y virtual candidato a la alcaldía de Puebla.
Su suplente es Carlos Solana Pumarino, empresario marmolero, ex presidente de la Coparmex y miembro del patronato de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), institución fundada por la extrema derecha en el marco de la abierta confrontación con la izquierda en la BUAP.
El suplente de Sierra es Herberto Rodríguez Regordosa, vicerrector de la Upaep, ex presidente de la Coparmex e hijo de Herberto Rodríguez Concha, último presidente de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, a quien Bartlett buscó procesar, lo cual causó su muerte.
Otros miembros del CDICS son Armando Adame Sosa, presidente de la Cámara local de la Construcción; el presidente de Canacintra, Yraclis Valdés; Javier Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio; Eduardo Kuri, dirigente de los textileros; Julio Barberán Fons, hotelero miembro de la junta de gobierno de la Upaep y Ángel Fernández, empresario harinero.
Destaca en el elenco empresarial Gabriel Huerta Ortega, empresario automotriz, en cuya casa de Atlixco —Quinta de Los Gatos— se celebró un mes, un mes antes de las elecciones, una comida de apoyo al sector privado a Marín en los días aciagos del escándalo por sus conversaciones con Nacif. ‛Hay gobierno para seis años’, proclamó ese día el secretario de Desarrollo Económico.
Fue a través de este consejo que controla el empresariado que se pagaron los 21 millones de pesos para la entrega de los premios Oye de Televisa, según el informe actualizado al 5 de diciembre. Pero si ya de por sí se trata de recurso públicos los que administra, por ser derivados del impuesto a la nómina, el gobierno estatal puso su parte: 10 millones el fideicomiso y 11 millones de pesos el gobierno del estado.
Sierra Michelena, sin embargo, minimiza ese dinero para el evento que Marín aprovechó para promocionarse —‛claro, ¿cómo le amarras las manos?’— y dice que se decidió en función del beneficio de Puebla: ‛Fue una propuesta hecha por la gente de Televisa’.
El dirigente empresarial —quien dice que el contrato de su fumigadora con el gobierno estatal lo tiene hace siete años y es aproximadamente por 6 millones cada uno— minimiza la visita de Calderón a Puebla: ‛No creo que haya venido a avalar al gobernador’.
—¿Marín debe caer?
— ¡No! Yo te puedo decir 50 cosas, bueno, no te las puedo decir porque me meto en problemas, pero los gobernadores anteriores han sido mil veces peores, mil veces peores.
Profesor de artes marciales, algunos de cuyos alumnos son policías estatales, Sierra Michelena no da crédito a la tortura a la que fue sometida Lydia Chao en Puebla, luego de su traslado de Quintana Roo en diciembre de 2005: ‛Me contaron que no pasó nada. La aprehensión y la forma en que la trajeron no fue la adecuada, pero en cuanto entró a Puebla no pasó nada’.
Marín, censor
Álvaro Delgado
A poco más de un año de la detención de Lydia Cacho, ocurrida en diciembre de 2005, y en vísperas del Segundo Informe de Gobierno del gobernador de Puebla, Mario Marín, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, creada en esa coyuntura, tiene ya integrado el expediente para consignar penalmente a personajes que presuntamente incurrieron en una “concertación antijurídica” contra la periodista.
La acción penal, que debe ser todavía autorizada por el procurador Eduardo Medina Mora, se encima —al menos— contra la procuradora de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda Martínez, la juez Rosa Celia Pérez González y los policías que detuvieron a Cacho Ribeiro en Cancún y trasladaron a Puebla.
Sin embargo, las investigaciones continúan contra Marín y contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco, así como en contra de Miguel Quiroz Pérez, consejero de la Judicatura, ex diputado federal priista y amigo del gobernador.
Quiroz Pérez fue anfitrión en la boda de su hija, en diciembre, de los ministros Margarita Luna Ramos y Sergio Valls, a la que asistieron también Marín y su secretario particular, Guillermo Deloya Cobián, ex consejero de la Judicatura Federal.
De acuerdo con información proporcionada por personas involucradas en las investigaciones, que también atienden del caso de la censura de Marín al programa radiofónico La Quinta Columna, de Puebla capital, la fiscalía para periodistas y la de Delitos contra las Mujeres, adscritas a la Procuraduría General de la República (PGR), han tenido avances en las investigaciones.
Esto con independencia de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), qué está en vías de integrar una comisión de ministros para verificar si se violaron las garantías individuales de Cacho Ribeiro, luego de que la anterior comisión, integrada por dos magistrados de circuito, elaboró un informe que fue rechazado por ‛insuficiente’ en el pleno.
El ministro David Góngora Pimentel reprobó ese informe y definió que el próximo “debe contemplar el uso ilegítimo del poder” por las autoridades, mientras que José Jesús Gudiño Pelayo pidió ampliar las indagatorias al gobernador, la Procuraduría y el Tribunal de Justicia: “¿Quién movió los hilos?”.
Por su parte, el ministro Juan Silvia Meza afirmó que procede la nueva investigación, porque se lesionaron los derechos fundamentales de los niños al impedirse, por una ‛mecánica de gobierno’, la denuncia que contiene el libro Los demonios del Edén, y se pronunció por investigar las intenciones de los órganos de gobierno ‛y los riesgos para el Estado mexicano’.
El acoso
Mientras tanto, la denuncia documentada de censura de Marín contra el programa radiofónico La Quintacolumna (por haberlo sacado del aire el 30 de septiembre), presentada ante la Fiscalía contra Periodistas (sic), no ha observado ningún avance, según Mario Albero Mejía, uno de los conductores de la emisión y director del diario Cambio, sometida a su vez a un boicot del gobierno estatal.
‛Lo único que sabemos de nuestra denuncia es que se hizo una sola, en la fiscalía, con la de Lydia Cacho. Los agravios son similares. No ha habido el menor trámite, ni siquiera han llamado a comparecer a los involucrados. La denuncia está como el primer día’, informó Mejía.
Esta denuncia, presentada ante la PGR el 11 de octubre, fue presentada por Mejía y Arturo Rueda, conductores del programa, y por Alberto Ventosa Coghan, arrendatario de la estación radiofónica XEPA, La Nueva Diez, a quien el concesionario Salvador Martínez Duarte le rescindió el contrato por presiones de Marín.
La denuncia dice: ‛El día 11 de septiembre del 2006, el señor Salvador Martínez Duarte llamó al ofendido Alberto ventosa Coghan para informarle que, aun cuando no había fenecido el contrato de arrendamiento, estaba obligado a rescindir el contrato, tomada consideración que en día pasados había recibido la visita de unos emisarios del gobernador Mario Marín Torres para advertirle que el Ejecutivo estatal le pedía cancelara el contrato con el suscrito y que él a través de terceras personas mejoraría la renta mensual, puesto que su intención primordial era sacar del aire el programa Quinta Columna, y que si no le hacía iniciaría las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para el efecto que se cancelara la concesión a su nombre.
‛Ante tal circunstancia, el señor Salvador Martínez Duarte se vio obligado a rescindir el contrato antes referido y, como consecuencia de ello, con su conducta, motivada por la intimidación del gobernador de puebla, causó a Alberto Ventosa Coghan un daño patrimonial de difícil reparación’.
Marín ya había anticipado sus intenciones el 27 de septiembre, en una entrevista en el programa conducido por Jesús Manuel Hernández, quien negó las versiones de que él había comprado la estación radiofónica en la que se transmitía La Quinta Columna, para acallar a los periodistas, añadió:
‛Ellos sí me han perseguido, porque no sé cómo puede vivir un programa en el que todos los días se han dedicado a atacar, atacar y atacar, con fundamentos o sin ellos. ¿Es que no hay otras cosas que informar? ¿Qué no hay otros temas? Cuando alguien así, como ellos lo hacían, por consigna… o sea, su papel era pegar. Y si no era el gobernador, era uno de sus colaboradores. Pegarles hasta el cansancio.’
‛—Y lo siguen haciendo
‛— Si, hoy alegan que ese medio se les va a acabar, porque, bueno, el dueño de ese medio de comunicación, que no tengo ni siquiera el gusto de conocer, pues ha decidido, según tengo referencia, dedicarse a otra cosa. Yo, el gobierno del estado, y yo en lo personal, no tiene ningún interés ahí…’
Tres días después de estas declaraciones de Marín, el 30 de septiembre,La Quinta Columna salió del aire, pero también tuvo efectos en el diario Cambio, propiedad también de Ventosa y que dirige Mejía.
‛Después de que compraron al radiodifusor, Marín y sus funcionarios le quitaron el convenio de publicidad a Cambio y la página de ineternet La Quinta Columna. No nos dan información, no nos invitan a las giras ni a los actos oficiales. La línea es que no haya ninguna relación con nosotros, ni siquiera en términos informales. No existimos’.
LLAMADOS
La iniciativa privada local —granero nacional de dirigentes empresariales y del PAN— aprovecha la debilidad de Marín para arrebatar prebendas.
Uno de los más radicales críticos de Marín, el panista Rogelio Sierra Michelena, vicepresidente nacional de Coparmex y quien como presidente de este organismo en Puebla pactó el control de ese fondo, es su principal propagandista. El gobernador —asegura el también contratista del gobierno— cumple y se perfila como el mejor mandatario en la historia de Puebla:
“Su actitud ha sido de absoluto arrepentimiento (…)”.
A Televisa le organizó, a un costo de al menos 21 millones de pesos, la entrega de los premios “Oye”, celebrada en octubre en el Complejo Cultural Siglo XXI.
El Complejo Cultura Siglo XXI fue usado por Marín para congraciarse con la otra televisora: privatizó ese espacio en beneficio de Televisión Azteca por la vía de una concesión por los cuatro años que restan del sexenio y por los primeros seis del próximo.
La concesión es tan ventajosa para TV Azteca que, ahora, el Gobierno estatal deberá pagar por usar el inmueble construido en el sexenio de Melquiades Morales a un costo de más de 100 millones de pesos.
Valentín Meneses, también celebró la visita de Calderón, quien —destacó— escogió Puebla para poner en marcha dos programas contra la pobreza.
Espino envió un mensaje público en la capital del estado: “De ninguna manera es prudente que se siga hablando del caso Marín, ya que esto puede desalentar la votación en Puebla”.
En noviembre habrá elecciones para renovar los ayuntamientos y el Congreso local, pero también desde ahora se disputa la gubernatura, pese a que el proceso electoral para la sucesión será en 2010.
Aunque en el PAN se vive también una recia disputa interna, en lo inmediato por las candidaturas al Congreso y la alcaldía capitalina, el fenómeno más evidente es en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a la abierta confrontación entre Marín y el alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, que el escándalo del “góber precioso”, exhibió.
“Desde la campaña tuvimos diferencias en cómo abortar algunos temas, y ya en el ejercicio del Gobierno se presentaron otras, particularmente en el caso Lydia Cacho”, dice Doger
Por decreto de Marín se creó el Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios (Cdics), integrado por el Gobierno y la iniciativa privada, que maneja 612.5 millones de pesos del impuesto sobre la nómina.
“Hay un dato curioso: casi no se ha invertido en la ciudad de Puebla, que es el primero polo generador de empleos, salvo en la periferia. Todo mundo dice que sí, pero no se invierte”.
La relación entre Marín y las cúpulas empresariales, dice, es muy buena: “Por lo menos ya no escucho las críticas de los empresarios en torno al 14 de febrero. Eso públicamente no se ve”.
Salvo Marín, quien es su presidente honorario, el Cdics está integrado sólo por empresarios, sector al que pertenecen los representantes del Gobierno: los secretarios de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar; de Desarrollo Económico, Gerardo Fernández Sánchez; de Turismo, Juan José Bretón, y del Trabajo, Antonio López.
Fue a través de este consejo que controla el empresariado que se pagaron los 21 millones de pesos para la entrega de los premios Oye de Televisa, según el informe actualizado al 5 de diciembre.
Pero si ya de por sí se trata de recurso públicos los que administra, por ser derivados del impuesto a la nómina, el gobierno estatal puso su parte: 10 millones el fideicomiso y 11 millones de pesos el gobierno del estado.
Sierra Michelena, sin embargo, minimiza ese dinero para el evento que Marín aprovechó para promocionarse —‛claro, ¿cómo le amarras las manos? ’— y dice que se decidió en función del beneficio de Puebla: ‛Fue una propuesta hecha por la gente de Televisa’.
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