No soy un delincuente: Marín
El gobernador presenta ante el Congreso su II Informe
Efraín Núñez Calderón
El gobernador Mario Marín Torres reiteró “no haber cometido ningún delito” en clara alusión al escándalo propiciado por la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho. Durante su II Informe de Gobierno, el mandatario poblano reconoció que la conversación publicada el 14 de febrero de 2006 generó molestia y desconcierto en los poblanos. Tras reiterar no ser un delincuente, Marín dijo tener un gran interés porque el escándalo se investigue a fondo para que “no quede duda” sobre su actuación.
El acto protocolario tuvo lugar en la cede del Congreso del estado en la 5 poniente, en medio de un excesivo operativo de seguridad, razón por la cual desde tempranas horas se cerraron las calles aledañas al edificio. Tras conocer los posicionamientos de las distintas fracciones políticas representadas en el Congreso —que en el caso del PAN y PRD criticaron severamente el escándalo del gobernador— Marín Torres dio lectura a un soso y largo recuento de las acciones que llevó a cabo su administración durante 2006.
Al final de dicha enumeración, ante un Congreso con menos de 100 invitados, el gobernador abordó el tema que originó la investigación jurídica del mandatario ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“El 14 de febrero del año pasado, los poblanos tuvimos conocimiento de una desagradable noticia que a todos nos molestó. Unas grabaciones telefónicas que mencionaban una supuesta relación mía en algunos hechos relacionados con la detención de la señora Lydia Cacho por parte de autoridades judiciales de Puebla.”
En dicho mensaje acusa a la periodista de generar denuncias mediáticas y asegura que el escándalo fue una de las causas para avanzar en las metas trazadas por su gobierno, así como contrarrestar los efectos negativos de este asunto:
“No he cometido ningún delito y por eso tengo un especial interés en que se investigue a fondo para que no quede ninguna duda sobre mi actuación (…) Desde ese momento —en que la SCJN y la PGR iniciaron las investigaciones— expresé mi total aceptación a la investigación, también manifesté mi respeto y mi confianza al más alto tribunal de justicia del país y a sus decisiones.”
Continuó: “me he mantenido siempre atento al curso de las investigaciones. El ejecutivo del estado, que represento, ha cooperado en todo momento para que las mismas se realicen a plenitud. Mientras todo esto sucede, nosotros seguimos trabajando. Nunca suspendimos el ritmo, por el contrario, lo redoblamos para avanzar más rápido en las metas trazadas y contrarrestar los efectos negativos de este asunto. Los resultados están a la vista de todos los poblanos. Hay logros tangibles por todas las regiones de la entidad y también muchos retos que estoy seguro que unidos podremos superar.”
Más aún, Marín agradeció a los poblanos por su “comprensión” y “confianza”. Asimismo, hizo un exhorto al trabajo en armonía y paz social, aunado a uno más de los llamados a la unidad que el mandatario ha hecho en sus últimos actos públicos.
La alusión a la prensa —con quien sostiene una relación fría y alejada— fue mínima. Simplemente agradeció a los medios de comunicación por lo que llamó “su gran labor de informar a la sociedad” Atrás quedó el reconocimiento de la fuerza de los medios de comunicación hecha en la celebración del fin de año pasado.
Agradeció también a la iniciativa privada poblana, sector que sin duda alguna ha sido uno de los bastiones y aliados de su gobierno. Con los empresarios aseguró haber tenido hasta el momento un diálogo responsable y honesto, “para construir una visión compartida del futuro que todos deseamos para Puebla”
Lo que no abordó Marín en su informe
Previo a su mensaje político en el que reiteró posicionamientos ya enunciados sobre el escándalo Marín-Cacho, el recuento del gobernador estuvo plagado de cifras y enumeración de acciones en sus cinco ejes de gobierno. No obstante omitió conceptos, cuya transparencia es exigida tanto por la oposición como por otros sectores de la sociedad. Como es el caso del gasto que la administración estatal ha hecho en la defensa legal del gobernador ante la Corte, así como en la promoción de la imagen del mandatario y gubernamental en los medios de comunicación. Como ya lo había advertido Javier Sánchez Galicia, director de Comunicación Social del Gobierno marinista, no se desglosó las erogaciones en dichos rubros, que además son considerados “conceptos generales” para la administración.
En cambio, para Marín los logros en materia de transparencia se dieron al haber cumplido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en 398 mil 489 consultas al portal del Gobierno y la celebración de la Segunda Semana de Transparencia y Acceso a la Información.
El mandatario tampoco hizo referencia la concesión de la administración del Complejo Cultural Siglo XXI a la empresa Asterra, de Raymundo Alonso Sendino —presidente de Televisión Azteca Puebla—, transacción que tuvo lugar en octubre pasado. Esta concesión propiciará que el gobierno tenga que pagar a la empresa por la utilización del inmueble, pese a que los actos realizados sean oficiales. Además la concesión es por lo que resta del sexenio y los primeros seis meses de la próxima administración.
De igual forma, no hubo mención de los gastos generados al erario por la realización de los Premios Oye, organizado por la empresa OCESA y Televisa —precisamente en el Complejo Cultural Siglo XXI—, acto que según el semanario Proceso, tuvo un costo de alrededor de 21 millones de pesos.
De lo que sí hizo mención el gobernador fue de la creación de siete universidades, dos de las cuales fueron obras directas del Gobierno del estado, el resto corresponden a la UAP. Lo mismo sucede con los puentes y el distribuidor vial construido en la ciudad de Puebla, donde si bien es cierto que hubo aportaciones gubernamentales, en su mayoría el presupuesto correspondió al Ayuntamiento de Puebla.
En cuanto a los avances de la Fiscalía Anticorrupción y en concreto de la labor de los servidores públicos, Marín hizo mención de la aplicación de 63 sanciones a 44 servidores públicos, sin embargo, omitió que la Contraloría estatal exoneró a Alejandro Fernández Soto, director del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pese a que este funcionario es investigado aún por la PGR por su presunta participación en el espionaje al Frente Cívico Poblano.
De entre las omisiones más relevantes fue la salida de Adolfo Karam Beltrán de la Dirección de la Policía Judicial, y posteriormente de la administración marinista por sus diferencias con la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez, situación que fue evidenciada —en medio del escándalo Cacho— con la publicación de un video donde Villeda llama “pendejo” al hoy ex funcionario.
Al final de la exposición plagada de errores en su lectura, el gobernador se trasladó al Centro de Convenciones donde dio su primer Informe Regional, utilizando la misma estructura que en el Congreso local, pero esta vez ante cerca de 4 mil asistentes, en su mayoría burócratas y militantes de su partido.
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