“La procuradora de hierro” se disculpa
Edmundo Velázquez / Efraín Núñez
La procuradora Blanca Laura Villeda Martínez ofreció disculpas a los poblanos por el daño que ha sufrido la Procuraduría General de Justicia (PGJ), producto del escándalo por la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho. Durante su comparecencia ante el Congreso del estado, Villeda dijo estar conciente que el “ataque político” y “mediático” del que ha sido objeto, empaña no solo su imagen como funcionaria sino el de la propia institución.
Custodiada por un gran número de policías judiciales y por funcionarios de la PGJ —que se apostaron desde temprana hora en el recinto legislativo—, Villeda fue además cobijada por la postura suave de la oposición. De hecho, fue la propia Norma Sánchez Valencia la que simuló una crítica incisiva en contra de su amiga.
Al finalizar la comparecencia de la marinista que mejor ha librado su rendición de cuentas ante el Congreso, la procuradora pidió el uso de la palabra:
“Estoy conciente de que el ataque político y mediático del que he sido objeto, empaña no sólo mi imagen, sino la de la institución en general, por eso les ofrezco mis disculpas. No obstante, deben saber que el mote de ‘Juez de Hierro’, no lo gané por la dureza de mis resoluciones, sino porque nunca permití que personas con intereses mezquinos me presionaran para resolver en determinado sentido.”
Y más, casi al culminar de leer su escrito en tribuna —con la voz entrecortada y el aliento a plomo— aseguró que como mujer, nada de lo humano le es ajeno: “soy falible y tengo defectos, pero también tengo mi conciencia tranquila, y aunque algunos supuestos ofendidos me han atacado utilizando calificativos que me presentan como monstruo y he sido juzgada a priori, lo cierto es que sigo teniendo la obstinada voluntad de actuar rectamente, con imparcialidad y honradez.”
Una vez más acusó haber sido presa de los ataques durante el último año, sin embargo, indicó que durante su gestión al frente de la PGJ se ha registrado un cambio en el trato e incluso rapidez con la que se resuelven los asuntos.
Dijo que el personal trabaja con dignidad, capacitación y respeto a los derechos humanos. También reivindicó la labor de los policías judiciales, de quienes dijo que a pesar de años de desprestigio y desprecio en cuanto a su labor: “han sido amenazados sólo por cumplir con su trabajo, y los poblanos deben saber que son seres humanos, que tienen familias. (…) Ustedes han cumplido con su labor, de modo que ahora Puebla se ubica dentro de los estados más seguros del país.”
Villeda excusa a la juez del escándalo
Por primera vez a un año del escándalo, la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez expuso su punto de vista respecto del actuar de Rosa Celia Pérez González, la jueza quinto de lo penal que libró la orden de aprehensión en contra de Lydia Cacho.
Sin embargo, como era de esperarse, Villeda justificó todas las acciones que Rosa Celia emprendió durante todo el caso desde que recibió la querella, hasta que se declaró incompetente para resolver el juicio, razón por la cual el procedimiento —suscitado por la denuncia del empresario Kamel Nacif en contra de Cacho— se trasladó a Quintana Roo y posteriormente al Distrito Federal:
“De acuerdo al artículo 7 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y según las Atribuciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son competentes para la instrucción de los procesos y para imponer la sanción que corresponda, las autoridades judiciales de la jurisdicción en donde se cometieron los delitos, se comenzaron a cometer, se continuaron cometiendo o se consumaron los delitos (…) La juez admitió la competencia bajo lo que se conoce como el sistema de resultados, es decir, se aplicó una tesis aislada emitida por el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito en el que se establece que es competente para conocer el asunto de difamación el juez cuya jurisdicción vive en la parte agraviada.”
Defendió el actuar de Pérez González al desconocer del caso, ya que dijo que la misma legislación establece que también puede ser competente para conocer del caso el juez donde se inicia la comisión del delito: “en ese caso consideraron que este fue el juez de Cancún y así lo estableció porque se continúo el procedimiento.
Quiero aclarar que este asunto se remitió al DF en virtud de que se atendió autoridad.”
Ante los cuestionamientos de Víctor León Castañeda, líder de la fracción del PAN en el Congreso local, la llamada “Procuradora de Hierro”, rechazó que la PGJ le haya dado una rapidez inusual al caso. Para ello, presentó una circular del 14 de marzo de 2005 en la que da indicaciones a los agentes del ministerio público para que en los delitos no graves se establezca un plazo de tres meses máximo para integrar la averiguación y seis meses en caso de delitos graves:
“En la investigación de la Corte realizada por magistrados se concluyó que tanto su detención como el traslado de la señora —Cacho— se realizó en los términos ordinarios. En térrminos normales, por lo tanto no existió ninguna violación a sus derechos humanos. Yo creo que debemos dar un voto de confianza a la SCJN porque es nuestro máximo tribunal judicial y es facultado para en ese momento resolver en el caso.”
La embestida contra Cacho
Además de su explicación, la procuradora manifestó que el traslado de un estado a otro del proceso judicial contra Cacho es la evidencia de que la escritora tuvo en todo momento el apoyo de autoridades y políticos. De igual forma subrayó que en la querella presentada por Kamel Nacif en contra de la autora del libro “Los Demonios del Edén”, el empresario presentó como pruebas diversos videos en donde habla con el periodista Carlos Loret de Mola y con un reportero del Diario Síntesis:
“En ella, la señora da a conocer que el señor Kamel Nacif era protector de Jean Succar Kuri, y por lo tanto, pederasta, además de que dio a conocer que también tenía en su contra más de 100 denuncias por acoso sexual en agravio de sus trabajadoras. Esto lo desmintió el abogado defensor de Lydia Cacho el año pasado, argumentando que no existía ninguna averiguación por pederastia contra el señor Kamel Nacif y que no había ningún sustento ni lógico ni jurídico para argumentar que tenía 100 denuncias por acoso sexual.”
Durante su exposición de razones, y ante los cuestionamientos de los diputados, Villeda dijo que es falso que la juez haya estado obligada a citar a la periodista para hacerle saber de la existencia del procedimiento, puesto que de hacerlo así, se propiciaría que los presuntos responsables de un delito se escape, o incluso dijo, que haya operativos o emboscadas contra los agentes de la policía judicial:
“No hay ninguna disposición legal que obligue a un juez a citar previamente a los indiciados para hacerles saber el procedimiento, porque entonces tendríamos que modificar la ley para que se les hiciera saber a todos los indiciados que tienen un procedimiento en su contra. Sin embargo esto podría propiciar que se evada la acción de la justicia o hagan operativos o emboscadas hacia los elementos de la judicial que se presentaran a cumplir el mandamiento de la judicial.”
El recomendado de Zavala
La procuradora abordó otros temas relacionados con su gestión. En ese sentido, enumeró las situaciones irregulares que se registraron en la gestión de Marco Rea Morroquin —quien tuvo una manifestación frutrada a las afueras del Palacio Legislativo—, el ex agente del Ministerio Público en Huejotzingo, que fue recomendado de Javier López Zavala, secretario de Gobernación.
Villeda manifestó que el ex agente perdió 7 averiguaciones previas, alteró actuaciones con corrector y modificó las declaraciones de las personas que comparecían ante él: “Se que está acudiendo ante las Comisiones de Derechos Humanos, sin embargo, es importante resaltar que no puedo permitir que en la Procuraduría del estado sigan laborando personas que sólo empañan la labor de aquellos que si tienen responsabilidad y espíritu de servicio.”
Asimismo, rechazó que esta sea una muestra de la pugna existente entre ella y el secretario de Gobernación, a quien en repetidas ocasiones ha desmentido por tener versiones encontradas respecto a temas de relevancia para justicia en Puebla.
Por la mañana, la funcionaria marinista ofreció una rueda de prensa en la que reveló haber recibido una llamada de López Zavala, donde el titular de la SEGOB se deslindó del ex agente: “El secretario me comentó que no tendría un interés en el agente. Sí damos la oportunidad en ocasiones a que personas a las que se recomienda para que ingresen a la institución, pero esa oportunidad es para trabajar y no para hacer actos de corrupción.”
Villeda vs Karam
A colación salió el tema de la pugna entre la procuradora y el ex director de la Policía Judicial Adolfo Karam Beltrán. Encontronazo que se hizo celebre con la publicación del video donde Villeda llama a Karam “pendejo”. Según la procuradora lo correcto era remitir al detenido al ministerio público:
“Porque si ingresa la procuraduría y no se pone a disposición del ministerio público, el traslado se hace sin la representación del representante social, ante lo cual, podemos incurrir en responsabilidad en el caso de que al detenido le ocurriera algo en el traslado a la PGR. Actuando conforme a la ley orgánica, lo único que se hizo fue actuar en auxilio del ministerio público federal y evitar que se violaran las garantías individuales del individuo.”
Pero también habló del desmembramiento del grupo Sagitario en la Policía Judicial, justificando que su desaparición por presuntas irregularidades, así como que por la salida de Karam de la PGJ, muchos de sus miembros decidieron dejar la institución.
Entre otros temas, Villeda dejó entrever que no es necesaria la creación de la Fiscalía Antipederastas debido a que aseguró que este tipo de investigaciones son realizadas por el Área de Violencia Intrafamiliar de la PGJ.
Finalmente, manifestó que el hecho de sufrir las consecuencias del cáncer no es impedimento para que pueda realizar su trabajo, por lo que seguirá desempeñando su función hasta que el gobernador Marín se lo permita.
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