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Reconoce Eduardo Macip que ex funcionario se beneficia de Soapap

 

 

Se complica la crisis en el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), así que Eduardo Macip Zúñiga, director del organismo, reconoció que Julio López Fernández —ex gerente Comercial del Soapap— presta sus servicios al Sistema Operador desde alguna empresa privada: No obstante, dijo que aún no identifica a profundidad la información.


En entrevista vía telefónica, el funcionario marinista advirtió que si después de un análisis de factibilidad, se determinan irregularidades en el contrato con la empresa Chidrel —dirigida, según fuentes del Soapap por López Fernández— dejarán de trabajar con ellos.


En tanto, documentos del Registro Público de la Propiedad confirman que Juan Flores Medrano, quien según los informantes es socio y prestanombres de Julio López Fernández, es el administrador de la empresa Chidrel que se encarga de la instalación de medidores.


La empresa comenzó con un presupuesto de apenas 50 mil pesos, y ahora ha multiplicado considerablemente sus ingresos, debido a que el costo de instalación de cada medidor va de los mil 500 pesos hasta los dos mil pesos, precios altos con relación al resto del país. Pero esto es sólo el comienzo, ya que la compañía tiene menos de un año de operación.


Por si fuera poco, ayer, habitantes de la población de San Francisco Ocotlán se inconformaron en un nutrido plantón frente a las instalaciones de Casa Aguayo, para exigir que el Gobierno del estado aborte definitivamente el proyecto de extracción de agua en su comunidad. Los dirigentes del movimiento refirieron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha retirado el presupuesto que la federación invirtió con la administración marinista para la extracción de los pozos, debido a que el Gobierno del estado comenzó la perforación sin permisos.


Cambio publicó ayer que, sin existir un contrato o una licitación de por medio, el Soapap asignó a la empresa Chidrel la responsabilidad de instalar medidores de agua, durante la gestión de Francisco Palomino Echartea. Según fuentes de la paraestatal, esta firma es manejada por Julio López Fernández, ex gerente Comercial del organismo, quien desde su empresa asesora a los usuarios contra el Soapap, corrigiéndoles sus cuentas.


Cuestionado al respecto, Eduardo Macip expresó: “Hasta este momento desconozco como está operando la empresa Chidrel. Julio López Fernández sí trabajó en el Soapap, yo lo conozco, pero no sé si es el representante de la empresa. Si es así como representante de la empresa, tendrá que venir aquí conmigo”.


—¿Se habla de una asignación amañada a favor de la empresa y su representante? —Se le preguntó a Macip.
—Desconozco como esté el contrato; sigo firmando documentos de la entrega-recepción. Te mentiría si te dijera alguna cuestión de López. Sé que trabajaba en el Soapap. Como tú lo dices, seguramente trabaja en alguna empresa privada y debe prestar algún servicio aquí en Soapap, seguramente pero desconozco.

—Aseguró.

 

 

Chidrel, precios altos, administración fantasma
En una inspección realizada por Cambio a las instalaciones de Chidrel, ubicadas en la privada Emiliano Zapata, 5997, colonia Bugambilias, se pidió razón de Julio López Fernández. Éste se ostentó como un trabajador de la firma y dijo que preguntaría si López podía recibir a este reportero para una entrevista. Minutos más tarde reculó:


—¿A quién me dijo que estaba buscando? —Preguntó el empleado.
—Al licenciado Julio López. —Se le insistió.
—No, nunca había escuchado ese nombre. Pero déjeme ver si alguno lo conoce.
—Tengo entendido que es el dueño de la empresa.
—No, este. —Sonrió inseguramente y luego continuó. —Sí, pero, no este. Nunca había escuchado ese nombre y no tengo mucho tiempo aquí.
—¿Se encontrará el señor Juan Flores?
—No, el ingeniero no se encuentra, por favor búsquelo más tarde. No hay nadie en la administración, sólo puros pintores y albañiles, posiblemente más tarde lleguen. —Puntualizó.

Sin embargo, a pesar de que en el folleto de la empresa se especifica que en las oficinas centrales se puede realizar el pago por el servicio de medidor de agua, en este domicilio no se encontró a ningún miembro del personal administrativo que diera razón de los representantes de la firma.


La información que se recibe en las oficinas del Soapap sobre la empresa es muy escueta. Apenas un pequeño folleto da cuenta de ella. En éste, se encuentran datos sobre los precios elevados por la instalación del medidor: el precio del medidor en casa habitación es de mil 500 pesos, en comercio mil 653 pesos. El costo del medidor con condensador en casa habitación es de mil 859 pesos, mientras que el mismo servicio para comercio es de dos mil 40 pesos.

 

 

Chidrel comenzó a operar en 2006
Documentos del Registro Público de la Propiedad constatan que la empresa Chidrel efectivamente comenzó a trabajar el 23 de marzo de 2006, tiempo cuando Francisco Palomino Echartea era el director del Soapap.


Sus fundadores fueron Juan Flores Medrano —identificado como socio y concuño de Julio López Fernández—, quien ingresó con una aportación de 25 mil 500 pesos. El otro accionista es José Andrés Huesca Martínez, quien aportó 24 mil 500 pesos para el inicio de los trabajos de la empresa.


El día de la creación de la empresa fue nombrado como administrador único Juan Flores Medrano, y Martha Domínguez Rosas quedó como comisario.


Entrevistado respecto a la red de complicidades detrás de la empresa, Eduardo Macip Zúñiga, director del Soapap, indicó desconocer las anomalías. No obstante, aseguró que durante el proceso de entrega-recepción estudiará la factibilidad de seguir trabajando con la firma:


“Vamos a analizar no sólo a esta empresa, sino a todas las demás. Desde luego, las que tienen contrato, seguiremos con ellas. Vamos a analizar todos los aspectos de todas las áreas y todas las empresas. Vamos a analizar y en el momento en que tengamos información, la Contraloría intervendrá. Cualquier anomalía con cualquier empresa, la Sedecap tendrá que intervenir”.

 

 

Piden sanción contra el Soapap por perforar pozos sin permiso
El Gobierno del estado es incapaz de darle salida al conflicto —generado desde principios de año— con los pobladores de la población de San Francisco Ocotlán por la extracción de pozos en la comunidad enclavada en el municipio de Coronango.


Ayer, los pobladores protagonizaron una marcha hacia las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, donde según la líder del movimiento, Bertha Espinosa, las autoridades de la federación les aseguraron que el Soapap comenzó la perforación de los pozos en su comunidad sin los permisos pertinentes, razón por la cual la Conagua retiró la aportación económica para realizar el proyecto:


“Buscamos que se sancione al Soapap por haber perforado sin permiso. Es necesario que ya no se perfore, sino hasta que haya un estudio previo”.


Posteriormente, se dirigieron hacia Casa Aguayo donde realizaron un platón para exigir una audiencia con el gobernador Mario Marín a quien se dirigían con el tradicional mote de “góber precioso”, y expresaban consignas visiblemente molestos: “Precioso sal”, “no seas pendejo, no vamos a dejar que le entregues nuestros pozos a los ricos”.


El grupo de manifestantes se unió con la protesta encabezada por la Unión Campesina Democrática (UCD), que exigía un mejor desempeño de las secretarías del Gobierno marinista, afuera de la sede oficial del Gobierno del estado.

 

 

Más irregularidades
Quienes más resienten la crisis en el organismo son los empleados, ya que durante la administración de Francisco Palomino Echartea tuvieron que aguantar abuso de autoridad, exceso de trabajo para beneficiar a las empresas ligadas a Palomino y a Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras.

A través de un correo electrónico, enviado a la redacción de este rotativo, los empleados siempre excusados en el anonimato, denunciaron que durante la administración de Palomino no recibieron ningún beneficio.


Denunciaron que Palomino les retiró prestaciones como bonos, además de amenazarlos continuamente con despedirlos si no trabajaban en exceso para beneficiar a las empresas cercanas a García Ramírez.


“Nosotros no enriquecimos nuestras empresas como lo hizo Javier García, Palomino y Salvador Sánchez.

Nosotros no estamos construyendo casa nueva como algunos subgerentes, con la compensación que ellos sí tienen”.

 

 

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