Admite Aguilar que no entregó apoyos, tras Stan
Efraín Núñez Calderón
Óscar Aguilar González, director del Instituto Poblano de la Vivienda (IPV), reconoció que la oficina es responsable de no entregar los apoyos a la gente de escasos recursos, cuyas casas resultaron dañadas por el paso del huracán Stan, en Puebla. En conferencia de prensa, el funcionario marinista quiso excusarse al señalar que la federación no entregó a tiempo al Gobierno del estado los recursos necesarios para pagar a una empresa privada por los apoyos.
Tanto Aguilar González como Alejandro Armenta Mier, secretario de Desarrollo Social, acusaron a Miriam Arabian y a Pedro Plaza Montaño —coordinadora nacional de Delegaciones y delegado en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol), respectivamente— de hacer acusaciones subjetivas contra el IPV, con una intención político-electoral.
Con el pretexto de informar que el programa Piso Digno cambiará de nombre —será programa de Mantenimiento de Vivienda Popular—, Alejandro Armenta Mier y Óscar Aguilar González denunciaron ante la opinión pública que el Gobierno marinista es atacado por los panistas Miriam Arabian y Pedro Plaza Montaño.
En días recientes, ambos funcionarios federales han revelado la existencia de bodegas con material para la construcción de viviendas, el cual no fue entregado por el IPV a los damnificados por el paso del huracán Stan.
A pesar de intentar excusar su responsabilidad atacando a los funcionarios federales, Óscar Aguilar, funcionario y senador suplente, reconoció que la responsabilidad del IPV es entregar los recursos. No obstante, dijo que la Sedesol no ha repartido los cerca de 250 millones de pesos necesarios para este empeño:
“El instituto tiene la obligación de entregar los materiales (…) No hemos recibido los 200 millones de pesos de los que se habla (…) Lo único que no hemos podido adelantar es la mano de obra. Se han recibido para la reconstrucción sólo 83 millones de pesos (…) Quieren dañar la imagen de un Gobierno priista para redituar un mayor número de votos en el próximo proceso electoral. Buscan dañar la imagen de quienes trabajan en programas sociales, para que ellos nos limiten y digan que son los benefactores (…) No hemos pagado el cemento, porque se les pidió que se entregaran paquetes; si los entregan incompletos, ya no es nuestra. La evidencia de las bodegas corresponde a material que no se pagó”, acusó Aguilar González.
El funcionario marinista manifestó que una vez registrados los daños por el huracán Stan, se creó un listado de las diez mil 145 familias afectadas. Posteriormente, el Gobierno del estado recibió parte del recurso, y luego se les informó que los montos dejarían de suministrarse a través del Fonden, razón en la que se basa el retraso para la entrega de los montos.
Sin embargo, el funcionario fue más allá, e incluso insinuó que la suspensión de los recursos a mediados de 2006, se debió a una desviación hacia las campañas electorales del PAN: “Se suspendieron curiosamente los recursos, y nos empiezan a llegar hasta después de las elecciones, después de agosto. Prácticamente el grueso de los recursos comenzó a llegar al instituto desde hace seis meses, no desde hace dos años, como lo han estado ventilando”.
Asimismo, Aguilar González reveló que los ataques en su contra se deben a que es considerado un aspirante a la candidatura del PRI a la alcaldía capitalina. Sin embargo, dijo que estos funcionarios panistas “no deben de tener miedo”, porque en estos momentos no está interesado en este ni en otro puesto de elección popular.
Armenta acusa de “subjetiva” a la federación
Por su parte, Alejandro Armenta Mier, secretario de Desarrollo Social, señaló que tanto las denuncias de Pedro Plaza Montaño como de Miriam Arabian se sustentan en “caprichos”, “individualidades” y “fobias personales”.
Sin mencionar nombres, el funcionario aludió a quienes han denunciado en los últimos días la responsabilidad del IPV en el desperdicio de material, requerido para el apoyo a los damnificados: “Estamos obligados a coordinarnos; no es un asunto de si lo quiero hacer, o si me cae bien o mal el delegado, o no me cae bien un funcionario u otro. Tenemos la obligación, como coordinación institucional, de ponernos de acuerdo. Los comentarios de estos personajes son hipotéticos, subjetivos y de orden político”.
El titular de la SDS apuntó que los funcionarios federales se están “extralimitando” en sus funciones con las acusaciones, ya que la responsabilidad de la Sedesol es coordinarse con otras instancias para apoyar a la gente de escasos recursos, y no fiscalizar recursos: “Pedimos respeto a la federación, que se pongan a trabajar; a gestionar recursos, y si hay alguna sanción, seremos los primeros en señalarla, en objetar y poner en observación cualquier situación. Le exigimos a la federación que litigue en la instancia correspondiente. Les pedimos a estos funcionarios que no piensen como dirigentes políticos”.
Cabe recordar que el pasado fin de semana, la coordinadora de Delegaciones de Sedesol, Miriam Arabian, denunció que el IPV se encuentra en la mira de las autoridades federales porque recién encontraron cemento y material de construcción de los programas Piso Digno, en Zoquitlán y Coyomeapan. Ante la situación, el diputado federal Guillermo Velásquez acusó de que son más de 200 millones de pesos los que se echaron a perder”.
La Sedecap ya investiga
Por su parte, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, contralor estatal, confirmó que la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) realiza una investigación en la Dirección de Protección Civil estatal por el retraso en la entrega de recursos a la gente de escasos recursos. Respecto a los montos para cubrir los daños del huracán Stan, Sánchez Ruiz dijo que la Contraloría trabaja en la revisión de los documentos de comprobación, por lo que en breve solicitarán a los municipios la evidencia necesaria, y en caso de encontrar indicios, se hará un llamado al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado (Orfis):
“Estamos trabajando en la revisión de documentos de comprobación, y una vez valorados, solicitaremos a los municipios la comprobación de evidencia”, indicó. (EN)
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