Suman casi 200 millones fraudes de Óscar Aguilar
Por venta irregular de casas habitación
Efraín Núñez Calderón / Edmundo Velázquez
Casi 200 millones de pesos es la suma que Óscar Aguilar González ha logrado acumular con la venta fraudulenta del 70 por ciento de más de cinco mil casas que debió entregar a los beneficiarios de sus programas desde 1998, según denunciaron a Cambio fuentes del Gobierno del estado, así como personas defraudadas por el funcionario.
Como consta en la denuncia 1904/2006 de la Agencia Especializada Anticorrupción por daño patrimonial, Aguilar González, a través de la figura del comodato, ha ido vendiendo a particulares —no beneficiarios del IPV— la mayor parte de las casas que la oficina debió otorgar mediante un proceso de selección a personas de escasos recursos.
Más aún, personas afectadas —quienes pidieron no ser mencionados por miedo a represalias— denunciaron que con sus influencias en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Aguilar González ha intentado archivar la denuncia, no obstante, los quejosos han obtenido amparos por parte de la justicia federal para evitarlo:
“Él ha hecho contratos que le dice de comodato, pero en una cláusula maneja la venta de la casa. Está vendiendo de los programas Viva 98 y Viva 99 —el antecedente del programa Tu Casa—. Él dice que es un comodato que está prestándolas, pero la normatividad no le permite realizar ningún tipo de contratos de este tipo”, explicó uno de los afectados.
Según los datos obtenidos por este diario, el IPV ha entregado cerca de cinco mil casas desde 1998. De este número, un 70 por ciento de las casas han sido entregadas por Aguilar González en comodato. Este porcentaje representa tres mil 500 casas, cuya venta a 45 mil pesos cada una suma alrededor de 157 millones de pesos.
Aguilar González reconoció en entrevista para Cambio que el IPV carece de la totalidad de las más de cinco mil casas que el IPV ha entregado desde 1998. Según fuentes del Gobierno del estado, la falta de los títulos de propiedad se relaciona con estas irregularidades.
El funcionario marinista aduce todo tipo de dificultades burocráticas para justificar la carencia de las escrituras de las viviendas. Lo cierto es que los beneficiarios de los programas del IPV deben contar con los respectivos títulos de propiedad.
Informantes de la administración marinista destacan que uno de los casos más graves se registra en la zona habitacional Gobernadores de esta ciudad, donde más de la mitad de las 800 casas, es decir 460, son ocupadas por no beneficiarios del IPV, a quienes Aguilar González se las vendió a través de un contrato de comodato.
Entre las pruebas presentadas por los afectados se encuentran un sin número de fichas de depósito a favor del IPV: “Óscar Aguilar reconoce esas ventas. Él dice, ‛les devuelvo el dinero siempre y cuando me devuelvan la casa’. Pero no lo podemos hacer, somos gente de escasos recursos”, indica el representante de una de las familias defraudadas.
Cabe mencionar que la mayor parte de los recursos que se manejan en los programas de vivienda del IPV provienen de la Federación, razón por la cual, el Fondo Nacional de Habitaciones Popular (Fonahpo) le exigió recientemente al IPV que entregue cuanto antes la totalidad de las escrituras de las viviendas en cuestión.
Esta condición la manejó también la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal para que el Gobierno del estado aún tenga los programas Tu Casa y Vivienda Indígena, ya que de cumplirse el ultimátum de la dependencia federal, los recursos en un futuro serán operados por la administración de Felipe Calderón en directo con los 217 municipios.
Por si fuera poco, el área jurídica de la Sedesol analiza la posibilidad de emprender responsabilidades penales contra el funcionario, en caso de que no presente en tiempo y forma la correcta aplicación de los más de 80 millones de pesos que la Federación mandó para atender la contingencia por el paso del huracán Stan.
Las excusas de Óscar Aguilar
El IPV carece de la totalidad de cinco mil escrituras de las casas entregadas a través de sus programas desde 1998, según lo reconoció ayer el titular del organismo. El funcionario justificó que después de nueve años, el IPV no cuenta con los títulos de propiedad correspondientes debido a distintos trámites burocráticos, así como la falta de personal:
“No es un proceso fácil. En el caso de los conjuntos de Gobernadores y Momoxpan, fueron producto de expropiaciones. Se han ido agotando los procedimientos legales para que el IPV tenga ya en propiedad esta reserva territorial. También hemos estamos pidiendo la condonación de los impuestos. Se trata de trámites, de ir haciendo levantamientos de censos y de recursos. No había personal suficiente, era lento, ahora tenemos toda la velocidad”.
Dijo que en un lapso de dos meses estará listo el trámite, el cual consiste en la inscripción de las viviendas en el Registro Público de la Propiedad.
Antecedentes del fraude
El 14 de marzo de 2005, Cambio publicó los pormenores de casos relacionados con este fraude, y se detalló el de una familia afectada. Sin notificación ni aviso previo a sus habitantes, la primera semana de marzo de ese año al menos 300 casas, ubicadas en los conjuntos habitacionales Viva 99 y Gobernadores, fueron reasignadas por el Instituto Poblano de la Vivienda (IPV), según palabras de los vecinos afectados. Ese año el titular del IPV negó las versiones de los habitantes, y aseguró que por fraudes en los requisitos de los usufructuarios —por ejemplo, entradas económicas menores a 2.5 salarios mínimos—, las casas de interés social les fueron retiradas. Aunque entre los afectados había algunos colonos que sí cumplían con los requisitos. A pesar de esto, en un recorrido hecho por este diario en la zona de Viva 99, se encontraron casas de “interés social” con acabados de hasta 50 mil pesos en la fachada, e inmuebles que abarcan más de cinco predios no reasignados, pese a que incumplen con los requisitos del IPV subrayados por su titular. (EV)
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