Admite Óscar Aguilar denuncia por fraude
Dice que los afectados quieren chantajearlo
Efraín Núñez Calderón
Sin embargo, el titular del Instituto Poblano de la Vivienda acusó a Myriam Arabian Couttolenc de estar detrás de las querellas en su contra
Óscar Aguilar González, director del Instituto Poblano de la Vivienda (IPV), admitió que existe una averiguación previa en su contra con el número 1905/2005/dms2 de la Agencia Especializada Anticorrupción, en la que se le acusa de defraudar a personas a las que les vendió viviendas del organismo que debieron entregarse a beneficiarios de escasos recursos.
En entrevista con Cambio, el funcionario marinista dijo que la denuncia tiene que ver con un grupo de defraudadoras que quieren presionarlo para obtener las escrituras de casas que ocuparon ilícitamente. Asimismo, en el noticiero radiofónico Al Portador, Aguilar denunció que detrás de este procedimiento jurídico se encuentra Myriam Arabian, coordinadora de Delegaciones Federales de Sedesol.
El escándalo por la falta de comprobación de los recursos para la contingencia de Stan por parte de Óscar Aguilar, ha perneado en otros sectores relacionados con las actividades del IPV. Este diario publicó ayer que son casi 200 millones de pesos los que el director del Organismo ha logrado acumular con la venta del 70 por ciento de más de cinco mil casas que debió entregar a los beneficiarios de sus programas desde 1998.
Según los datos recabados por fuentes del Gobierno del estado, los testimonios de personas defraudadas por el funcionario marinista y los datos de la denuncia referida, Aguilar González ha ido vendiendo —a través de la figura del comodato— la mayor parte de las casas que el IPV debió otorgar mediante un proceso de selección a los beneficiarios de sus programas.
En entrevista telefónica el funcionario estatal reconoció haber sido demandado ante la Agencia Especializada en Anticorrupción de la Procuraduría General de Justicia, sin embargo, aseguró que en ésta se vierten acusaciones sin fundamento por parte de un grupo de defraudadoras que quieren chantajearlo.
Asimismo, entrevistado por Valentín Varillas, en el programa radiofónico de Al Portador, Óscar Aguilar señaló que Paulina Barrera Romero y Ana Laura Romero fueron presionadas por Verónica Hernández Campos para invadir viviendas construidas por el IPV, y después lo demandaron para “chantajearlo” y obtener así las escrituras de estas casas:
“Hay una averiguación previa, la 1905/2006, en donde se están desistiendo estas personas. Como táctica tomaron varias veces Casa Puebla en el anterior sexenio (…) Llegamos a una negociación (…) A estas señoras yo nunca las metí a las casas que ellas están en posesión (sic) Ellas dicen que fueron presionadas para que me chantajearan y les entregara las escrituras.”
Óscar Aguilar acusa a Myriam Arabian
El funcionario marinista fue más allá en su declaración y acusó a Myriam Arabian Couttolenc, coordinadora de Delegaciones Federales de Sedesol, de estar detrás de las denuncias en su contra así como apoyar a quienes llama “defraudadoras”. Dijo además que existe una intención “electoral” en la funcionaria federal:
“Me habló hace un año para decirme que interviniéramos, que ya les diéramos su casa y yo les dije que no se podía, porque de alguna manera es este grupo el que ha propiciado la invasión. Les dijimos que les íbamos a dar una casa por familia y Verónica quiere 12 casas para su familia.”
De igual forma, retó a quienes denuncian que les ha pedido dinero por la venta de las viviendas, así como para las escrituras, a que demuestren su dicho: “En cuanto a la escrituración, no se le ha escriturado a ninguna familia y a nadie se le ha pedido un sólo centavo. Quien diga esto, que venga y que lo pruebe, que no sea solamente una estrategia electoral.”
Antecedentes del fraude
Edmundo Velázquez / En marzo de 2005, Cambio publicó el caso de la señora Belia Trejo a quien desde 1999 le fue entregado un pie de casa sobre la manzana siete calle Xicoténcatl de la unidad Viva 99. La condición era que se habitara en menos de 30 días. En caso contrario la amenaza del IPV era la inmediata reasignación de la casa. El predio de seis por cuatro metros aumentó a 160 mil pesos en una conveniente zona no lejana a la Universidad de las Américas y a unos minutos del Camino Real a Cholula. Belia Trejo tuvo que dejar su casa para visitar a su madre en Hidalgo, al regresar, la señora encontró su casa con la chapa de la puerta violada y con los sellos del IPV, que amenazan con cárcel a quien viole la cinta.
Cuando ella y su hijo Daniel preguntaron al departamento jurídico del IPV sobre el motivo del retiro de la casa, el licenciado Medina, director de este departamento, les explicó que la casa sería reasignada, que no estaba en sus manos y que si querían recuperarla deberían pagar 160 mil pesos por la vivienda de interés social. (EN)
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