Y Llegó la Exoneración Anunciada Desde Mayo. En junio pasado, el que esto escribe publicó una serie de columnas con un texto revelador: “La exoneración de Marín”.
En esas líneas, destacaba la información privilegiada que suele tener el periodista Jesús Aranda, del diario La Jornada,
Y ponía unos ejemplos: “Fue Aranda quien adelantó en el diario La Jornada que, primero, Guillermo Ortiz Mayagoitia sería designado el ministro ponente en el caso Marín y que, después, su dictamen exoneraba al gobernador. Aranda adelantó antes que nadie que el dictamen del ministro Juan Silva Meza irá con dedicatoria a Mario Marín, pues no sólo lo incluye en la confabulación orquestada en contra de Lydia Cacho, sino que pedirá que se le inicie un juicio político”.
Pues bien: por esos días de junio Aranda publicó, sostenido en la información privilegiada a la que suele tener acceso, que existen "muy pocas posibilidades" de que el pleno de la Corte “apoye el proyecto del ministro Juan Silva Meza, que sostiene que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, es responsable de haber violentado los derechos de la periodista”.
Y dio más datos: “Fuentes judiciales de primer nivel reconocieron lo anterior, en vísperas de que el pleno analice el caso, en el que la propuesta del ministro instructor es que Marín Torres es responsable políticamente de la confabulación de servidores públicos poblanos para detener e iniciar acciones legales en contra de la autora del libro Los demonios del edén. De acuerdo con los informantes, hasta el momento el número de ministros que apoya el criterio de Silva Meza no es suficiente para que la SCJN determine la responsabilidad del gobernador poblano (…) Trascendió que Silva Meza cuenta con el apoyo de Genaro Góngora Pimentel y posiblemente de José Ramón Cossío”.
Y aquí vienen unas líneas reveladoras redactadas por Aranda en esos días de junio: “La ministra Olga Sánchez Cordero, quien ha mantenido una postura crítica en el caso del gobernador de Puebla, no ha definido su criterio, y se sabe que mantiene ‘serias dudas’ sobre el proyecto”.
Ya se vio que sí, tanto que en los últimos días pasó de decir que sí había habido violación de las garantías individuales de la periodista a negarlo tajantemente, de tal forma que su voto terminó por definir el rumbo de este episodio.
Las serias dudas se convirtieron en serias certezas de que no hubo violación de garantías y que en consecuencia tampoco se dio un concierto de autoridades para afectar a Cacho.
En aquel junio, Aranda ya decía que dentro del pleno de la Corte era conocida la posición del ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien desde un principio se negó a que se investigara a Marín Torres, posición que compartían desde entonces Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio Valls.
Además, Aranda veía complicado que apoyaran el proyecto de resolución José de Jesús Gudiño Pelayo –que terminó haciéndolo-, Fernando Franco y Margarita Luna Ramos.
Esta última, hay que decirlo, mantuvo desde siempre un rechazo a que la investigación se basara en grabaciones ilegales.
Decía el columnista en ese junio lejano: “Si le creemos a Aranda, y no hay razones para no creerle, el gobernador Marín será exonerado por la mayoría de los ministros, con lo que concluirá, después de un año cuatro meses y más de una docena de días, el tan polémico caso Marín-Cacho. De esta manera el tema no llegará al Congreso de la Unión. O sí: pero sólo a través de las menciones de uno que otro diputado y senador del PRD. Pero hasta ahí. Ya el quintacolumnista había escrito sobre el tema el martes 29 de mayo pasado en un texto denominado ‘La Exoneración de Marín’. Me cito a mí mismo: ‘Todo parece estar listo. Y esta vez, se dice, no habrá marcha atrás. Es cuestión de días, juran los que saben de esto, para que el gobernador Mario Marín Torres sea exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el asunto relacionado con la periodista Lydia Cacho. (Tantas veces hemos leído en la prensa poblana este tipo de comentarios que hay más dudas que certezas en el ambiente). Lo cierto es que Marín Torres aprendió que para que las cosas funcionen hay que operarlas de manera directa. Y eso fue lo que hizo. En efecto: esta vez fue el propio gobernador el que tomó al toro por los cuernos y cabildeó directamente con quien tenía que cabildear, no como ocurrió en el proceso anterior, cuando su operador fue Ricardo Velázquez, consejero jurídico del gobierno estatal. Esta vez, repito, fue el propio Marín el que viajó a la ciudad de México las veces que fueron necesarias para convencer a los ministros de la Corte de que en ningún momento utilizó todo la fuerza del estado para encarcelar a la escritora y periodista. Por lo pronto, dicen las fuentes consultadas, Marín sería exonerado en algunas semanas, luego de que la Suprema termine por ventilar el enredo denominado Ley Televisa’.
En otra columna publicada en esos días de junio, quien esto escribe buscaba afanoso un sinónimo de Exoneración.
Y juraba: “Lo peor que le podía pasar a Mario Marín Torres ya le pasó. Lo que venga de hoy en adelante es, para él, pura ganancia. Me explico. De acuerdo al dictamen del ministro Juan Silva Meza el gobernador de Puebla participó en una confabulación en contra de la periodista Lydia Cacho.En ese sentido, se esperaba que la mayoría de los ministros votara a favor del dictamen y, en consecuencia, de la solicitud de juicio político en contra de Marín. No ocurrió así. Al contrario. A través de un legalismo el pleno determinó desechar –en la práctica fue así- el dictamen acusatorio, aplazar el análisis del caso y aceptar la renuncia de Silva Meza a la Comisión Especial Investigadora, misma que, curiosamente, desapareció el pasado lunes en el marco de una sesión privada de la Corte. (…) Antes de ayer, Marín tenía dos escenarios: ser hallado culpable o ser exonerado. Frente a la virtual desaprobación del dictamen, y el consecuente aplazamiento del caso, el gobernador tiene hoy una salida impensable: quedar libre de culpa en el resolutivo que pasará por el cernidor de las reglas claras.
Durante la sesión, Silva Meza alertó que la Corte corría el riesgo de generar condiciones ad hoc para desestimar las investigaciones que realizó la comisión que encabezó y que beneficiarían al gobernador de Puebla. (…) ¿Habrá quien siga pensando en Puebla que este martes no inició el proceso de exoneración del gobernador o como quiera que se defina al método mediante el cual se deja libre de culpa a quien ya estaba a punto de ser carne para los tiburones?
Un lector se enteró que el quintacolumnista estaba buscando un sinónimo de exoneración y me envió la siguiente definición: “Aliviar, descargar de peso u obligación”.
Esto es precisamente lo que hizo la Corte con el gobernador Marín al rechazar el dictamen del ministro Juan Silva Meza.
¿O esa decisión no lo alivió?
¿O esa decisión, y la otra en el sentido de aplazar la discusión del caso, no lo descargó de un peso?
¿No aliviar es el preludio de exonerar?
Sobre Salvador Aguirre Anguiano, el Ministro que se Vovió Vaca. El Comité de Comunicación del Frente Cívico Poblano envió la siguiente reflexión acerca del ministro Aguirre. No tiene pierde:
“Usted sabe que Sergio Salvador Aguirre Anguiano, es el único ministro de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene antecedentes de militancia partidista, ya que fue Regidor del PAN en el Municipio de Guadalajara del 7 de octubre de 1985 al 31 de diciembre de 1986 y posteriormente candidato a Diputado por el mismo partido.
“Desde su arribo a la corte el 1 de febrero de 1995, ha sido señalado como un hombre de doble moral, y no solo porque haya militado en el PAN o sea egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, sino porque hasta habla en las sesiones públicas de la Corte, haciendo referencia a quien dijo “yo soy la verdad” tal como seguramente usted habrá escuchado, y por el otro, menosprecia la verdad, tanto, que en la Enciclopedia Wikipedia en el último párrafo de su semblanza se menciona:
“Finalmente debe señalarse que ha estado sistemáticamente en contra de que la Corte ejerza su facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional, señalando al respecto que dicha facultad no está debidamente reglamentada, esto es, tal jurisconsulto ha dado la espalda a la letra de la Constitución y ha entorpecido continuamente el que la Corte investigue violaciones graves a las garantías individuales y se pronuncie en consecuencia, acerca de temas de primerísima importancia para el país”
“Salta a la vista que el Ministro Aguirre Anguiano tiene conectado el cerebro al estómago y por eso muchas de sus intervenciones salpican una ordinariez impropia de la dignidad de su investidura.
“Confunde o trata de confundir al afirmar que el Ministro Juan Silva Meza, ordenó intervenciones telefónicas, violando el párrafo noveno y decimo del artículo 16 constitucional, lo cual es mentira, ya que dichas intervenciones fueron solicitadas a la autoridad judicial federal por la autoridad federal facultada por la Constitución en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundando y motivando las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración, la cual fue autorizada por la juez federal Taissia Cruz Parcero, ya que no se trata de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, sino de violaciones graves a las garantías individuales.
“Resulta deplorable que dicho ministro intente hacer creer, que lo dispuesto en los párrafos noveno y decimo del artículo 16 constitucional, a cuyas disposiciones dio estricto cumplimiento el Ministro Juan Silva Meza, solo puede ser aplicable en el caso de delincuencia organizada, olvidando que si bien el Ministerio Público tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, quien tiene el monopolio de la facultad de investigación prevista en el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Aún más, todos los artículos de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, incluidos desde luego el 8 y el 16, necesariamente se ajustaron a lo dispuesto en los párrafos noveno y decimo del artículo 16 constitucional, ya que todas las leyes, sin excepción alguna, se deben ajustar a lo dispuesto en la Constitución, y no como pretende indebidamente el Ministro Aguirre Anguiano, ajustar lo dispuesto en la Constitución, nuestra Carta Magna, nuestra Ley Fundamental, a una ley secundaria.
“Después de abordar este asunto que es muy serio, nos apena que tengamos que abordar el caso del patiño de Samuel Malpica, quien nuevamente es enviado por el gobierno del estado, ahora, no para hacer el ridículo que lo llevo a tener 22,638 votos con una coalición de partidos, sino para que intente insertarse nuevamente para abortar nuestra estructura, solo que ahora el patiño ni siquiera sabe como estamos organizados, además que sus traiciones y corrupción ya no podrá hacerlas avisando y publicando lo primero que se le ocurra, ya que bien dice aquel refrán que se ha modernizado: "Los niños y los borrachos dicen lo que han hecho y sólo los pendejos dicen lo que van a hacer", y como no queremos que destruya, denigre o ensucie nuestras acciones, solo nos queda decirle a Malpica: “lástima Margarito” o “lástima Patiñito”.
“Sabemos que Ricardo González después de su traición, no sería tan cínico para pretender hablar a nombre del Frente Cívico Poblano, pero sabemos que Malpica no conoce los límites de la desvergüenza, ya la conoció y forma parte de su vida”.
Adiós a El Financiero-Puebla. Ayer apareció la última edición de El Financiero sección Puebla.
Y es que, qué paradoja, los problemas financieros terminaron por hundirlo.
En 2 años hubo entre 5 y 6 gerentes, y para colmo uno de ellos hundió más el barco y generó múltiples irregularidades, tantas que no sólo no había ventas, sino tampoco ingresos.
Ayer, reporteros y personal administrativo tuvieron que ir a la Junta de Conciliación para ver todo lo relacionado con su liquidación.
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