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Caso Morelia: confesiones “bajo tortura
Jorge Carrasco Araizaga y Francisco Castellanos J.

 

 

--Los tres acusados de hacer estallar granadas en Morelia el 15 de septiembre, aseguran a Proceso familiares y vecinos de los implicados, estaban en Lázaro Cárdenas cuando se produjeron los atentados. Afirman también, junto con los arraigados, que fueron secuestrados y “torturados física y psicológicamente” para que se declararan culpables. La defensa impugna y reclama los videos transmitidos por televisión donde aceptan su responsabilidad, y los detenidos presentan denuncias ante la CNDH por el trato recibido… 

 

Proceso /  A partir de confesiones obtenidas “bajo tortura”, y en medio de múltiples irregularidades, la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene bajo arraigo a los tres presuntos responsables del ataque terrorista del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán –el cual dejó ocho muertos y 106 heridos–, a pesar de que numerosos familiares y vecinos aseguran que los acusados se encontraban en Lázaro Cárdenas en el momento de los atentados.


Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea, indiciados como autores del ataque con granadas, fueron “levantados” y torturados por hombres armados en Lázaro Cárdenas, y luego llevados a una casa de Apatzingán, donde recibieron nuevos tormentos, antes de que las autoridades federales se hicieran cargo de ellos.


De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/110/2008, los acusados aseguran que fueron “levantados” y durante varios días torturados física y psicológicamente para que se confesaran culpables de los atentados e integrantes de Los Zetas.


Según sus declaraciones ministeriales, a las que Proceso tuvo acceso, los “levantones” se produjeron entre el 18 y el 23 de septiembre en Lázaro Cárdenas, ciudad portuaria de la zona controlada por La Familia, que en su disputa con Los Zetas por el dominio del narcotráfico en Michoacán habría ofrecido su propia investigación para dar con los culpables.


Pese a que la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, dio fe ministerial de una llamada anónima que reveló la ubicación de los ahora detenidos, una tarjeta informativa, proporcionada a este semanario por un miembro de un organismo de inteligencia, señala que el 18 de septiembre “hubo una reunión entre las autoridades de seguridad en el estado de Michoacán y La F. (La Familia), en unas cabañas en las inmediaciones de Cuitzeo (cuartel de seguridad), acordando que detendrían a varios sujetos” para imputarles los atentados de Morelia y el ataque con granadas a la Subprocuraduría de Michoacán en Lázaro Cárdenas, ocurrido en agosto pasado.


Como responsable de la operación, el organismo de inteligencia identifica a una persona conocida como El Tutas y precisa que tres días antes de que la PGR informara sobre la detención, los supuestos responsables de los atentados fueron retenidos “a las orillas de Cuatro Caminos (cerca de Apatzingán), en un predio propiedad de alguien a quien llaman El Becerro”.


Sin embargo, la versión oficial es que el paradero de los implicados no se supo sino hasta la tarde del día 24, cuando aparecieron en la sierra de Antúnez, en Apatzingán, a raíz de una llamada anónima que se recibió en el teléfono 53-46-81-21 de la PGR en la Ciudad de México.


La titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, los presentó ante la prensa dos días después, el viernes 26, como confesos de haber lanzado las dos granadas la noche del Grito de Independencia en el centro de Morelia: una en la plaza Melchor Ocampo, frente al Palacio de Gobierno, y otra en el cruce de las calles Madero y Quintana Roo.


La subprocuradura aseguró que, asistidos por la defensa de oficio, dijeron ser zetas. Además, la PGR difundió un video en el que los detenidos no sólo se declaran culpables, sino que, inducidos por el Ministerio Público, dan detalles de cómo supuestamente lanzaron las granadas.


Ese video es uno de los aspectos impugnados por la defensa de los detenidos, a cargo del abogado Mario Patricio Solano, quien asegura que las primeras declaraciones de sus defendidos ante el Ministerio Público adscrito a la SIEDO las hicieron con los ojos vendados, sin abogado y sin una revisión médica que certificara las torturas recibidas, por lo cual presentaron sendas quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).


Mientras tanto, hasta la semana pasada la PGR había omitido citar a familiares y vecinos de los detenidos, quienes buscan demostrar que la noche del 15 de septiembre los acusados estaban en Lázaro Cárdenas, su lugar de residencia, en el momento del ataque en Morelia. Al menos 15 personas, la mayoría vecinos, se han ofrecido para atestiguar.


Y uno de los familiares señala: “Que el mismo Leonel Godoy (gobernador de Michoacán) le pregunte a sus padres. Los papás de él viven a tres cuadras de donde reside uno de los detenidos”.


Retenidos desde el 27 de septiembre en el Centro Nacional de Arraigos de la PGR, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, el pasado 13 de octubre los acusados tramitaron un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF en contra de su arraigo, concedido por la justicia federal a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la SIEDO.


Los delitos que les imputan son delincuencia organizada, terrorismo y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. El arraigo en su contra, de 40 días, se cumple el próximo 5 de noviembre, pero puede ampliarse hasta por el mismo período.


La PGR no sólo ha evitado llamar a los testigos ofrecidos por los acusados, sino que tampoco ha respondido a las peticiones de la defensa para entregar los videos de los hechos ocurridos en la plaza Melchor Ocampo, así como los de las casetas del perímetro que corresponde a los tramos carreteros de Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Morelia, registrados entre los días 18 y 26 de septiembre, lapso en el que los hoy acusados estuvieron secuestrados y fueron entregados a la PGR.


Los videos son fundamentales para la defensa, dice el abogado, no sólo para verificar los señalamientos sobre su secuestro y traslado, sino para determinar el momento y lugar en que la PGR se hizo cargo de ellos.

 

 

Los “levantotes”


Según informes recabados por Proceso en Apatzingán, el 25 de septiembre, a las 10 de la mañana, llegó al aeropuerto de esa ciudad un avión Caza 229, matrícula XB-BIC. Después de hora y media, se acercó al aparato una camioneta tipo Suburban, con vidrios polarizados.


De ella fueron bajadas tres personas con los ojos vendados, esposadas y golpeadas. Las subieron al avión y de ahí las llevaron a la Ciudad de México, aseguran testigos del traslado. 


Del arribo del avión ni siquiera se informó al comandante de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, general Julio Abdón Pedroza Jurado. Sólo fue enterado un teniente que se encontraba de guardia en el aeropuerto, Pablo L. Sidar.


En cuanto la SIEDO dio a conocer la noticia de la captura de los tres presuntos zetas, varios periodistas llegaron a Apatzingán para indagar el lugar y la hora de la aprehensión. Nadie les pudo dar razón: ni la delegación de la PGR ni la procuraduría estatal ni la Zona Militar.


“No nos enteramos de nada. Ya ve que eso se guarda sigilosamente. Vienen de México, hacen el operativo, se los llevan y no avisan a nadie”, fue la breve respuesta de algunas autoridades locales consultadas.


No obstante, familiares y vecinos de los detenidos –entrevistados por Proceso en Lázaro Cárdenas y en la Ciudad de México– detallan, como testigos y a partir de relatos de los propios arraigados, la manera como ocurrieron los “levantones” y las torturas, las condiciones de su entrega a la PGR y sus primeras declaraciones ante la SIEDO.


Al presentar a los presuntos implicados, la subprocuradora Marisela Morales se limitó a decir que, gracias a una llamada anónima recibida por la PGR el 24 de septiembre, los acusados “fueron ubicados y detenidos” en un domicilio de Apatzingán y de ahí traslados a la Ciudad de México.


Pero los familiares afirman que “fueron levantados en Lázaro Cárdenas, en diferentes domicilios y días, por desconocidos armados, quienes después de varios días de torturarlos los entregaron a las autoridades”.


El primer secuestrado fue Juan Carlos Castro Galeana, identificado como El Grande, de 38 años. Su hermana Magali y su esposa, Esperanza Fajardo Ruiz, relatan que el 18 de septiembre, poco antes de las 14:00 horas, fue “levantado” cuando estaba en el taller de hojalatería y pintura “González”, en Lázaro Cárdenas, donde trabajaba.


Se encontraba con el dueño del negocio y con otro trabajador –a quienes la PGR no les ha tomado declaración–, cuando llegaron tres sujetos en una camioneta blanca marca Mitsubishi, sin placas. “A punta de pistola, le ordenaron subirse a la camioneta. Lo golpearon y le taparon la cara.


“Ahí empezó el tormento. Le preguntaban que por qué había aventado las granadas, cosa que él negaba. Luego, lo ataron de manos con cinta canela y lo golpearon con tablas. Nos dice que después lo arrastraron por un río y ahí pasó una noche. También cuenta que lo tuvieron todo un día con los brazos extendidos, siempre con los ojos vendados”, refiere Magali.


Además, amenazaron con degollar a su esposa, a uno de sus hermanos y a él mismo si no se declaraba culpable. No sólo eso: tenía que responder tal y como se lo ordenaban; si se equivocaba, lo golpeaban más, añade.


Pese al castigo, durante el cual le dieron mucha agua y escasa comida, se percató de que estuvo en tres lugares distintos, en uno de los cuales había varias personas.


De acuerdo con los parientes de los acusados, el segundo “levantado” fue Julio César Mondragón Mendoza, al que la PGR identificó con el alias de El Tierra Caliente, de 35 años de edad y trabajador de una constructora. El domingo 21 de septiembre, alrededor de las 15:00 horas, cinco personas armadas lo abordaron cuando lavaba su carro afuera de su casa.


Yudith Medina Ayala, esposa de César Mondragón, dice que los cinco sujetos lo subieron con violencia a un carro. El patrón fue el mismo: tortura física y psicológica, mediante amenazas de muerte, para que se responsabilizara de los ataques terroristas.


 Su esposo le contó que fue colgado de los pies con una cadena y azotado, y que también le pegaron con una tabla y lo quemaron con cigarrillos, además de meterle la cabeza en una bolsa de agua con alguna otra sustancia, como ocurrió a las otras dos personas.


César Mondragón recibió además fuertes golpes en la nariz. Su  “retrato hablado” fue el que hizo circular la Procuraduría General de Justicia de Michoacán a los pocos días de los atentados.


El tercer “levantón” fue el de Alfredo Rosas Elicea, alias El Socio y/o Valiente, de 45 años, padre de tres hijos y también dedicado a la construcción. Fue sacado con violencia de su casa. Su secuestro fue el más breve, pero él resultó más lastimado porque se negaba a inculparse. “Le rompieron cinco costillas, está en riesgo de perder un oído y le provocaron diabetes”, manifiesta su esposa Julia Sánchez Vázquez.


“A mi esposo le decían: ‘tú aventaste la granada’. Pero no quería aceptar. Por eso fue al que más golpearon. En varios momentos, desvanecido, lo tuvieron que bañar para que volviera en sí. Tan mal estaba, que después de haber sido presentado en la SIEDO estuvo internado durante cinco días en la Torre Médica”, en la colonia Tabacalera, añade Julia Sánchez.


A diferencia de la familia de El Grande, las esposas de los otros dos detenidos no interpusieron denuncia por desaparición. “No dimos parte porque pensamos que se trataba de un secuestro y que íbamos a recibir una llamada pidiendo dinero por su rescate”, explica Yudith Medina.


En sus declaraciones ante la SIEDO, los detenidos testimonian que los plagiarios en ningún momento los dejaron solos, pero que cuando los agentes de la PGR llegaron a la casa donde estaban retenidos, los encontraron en el piso, vendados, esposados y atados de los pies.


Los familiares relatan: “Cuando los agentes les preguntaron quiénes eran, contestaron: ‘somos los zetas’. Esa era la indicación. Fue cuando se los llevaron al aeropuerto de Apatzingán. Al aterrizar en la Ciudad de México, volvieron a ser amenazados: ‘Bueno, ya saben cuál es la verdad y lo que tienen que decir. Si no, se los va a llevar la chingada’”.


Según la constancia de la denuncia anónima, que forma parte de la averiguación previa, la SIEDO no pudo saber el origen de la llamada, pues el identificador de llamadas decía “externo”. Sin embargo, el trabajo ya estaba hecho para la oficina de Marisela Morales.


El denunciante dijo: “Quiero denunciar a las personas que aventaron las granadas el 15 de septiembre en Morelia, porque lo que hicieron no tiene madre. Están en la sierra de Antúnez, allá en Apatzingán. Están amarrados, en una casa con portón blanco de lámina. La casa está en construcción. Se encuentra a un lado de un campo de futbol rápido y enfrente se ve una antena grandota. No hay pierde. Nomás que vayan por ellos rápido.


“Estos güeyes son zetas. Uno de estos le dicen Juan Carlos Castro Galeana, alias El Grandote. Éste aventó la granada que mató toda esa gente. Es como de 1.90 de estatura, fuerte, robusto, chino, de 35 a 40 años de edad, de tez morena clara. Otro le dicen Julio César Mondragón Mendoza, alias El Tierra Caliente. Es como de 35 años, 1.70 metros de estatura. Está pelón. Tiene barba y bigote; es güero. Otro es Alfredo Rosas Elicea, alias El Socio y/o El Valiente. Este es más viejo, como de 45 años de edad. Es flaco, con cabello corto y negro; moreno.”


El final de la llamada no coincide con lo informado por la PGR, pues el denunciante sostenía que había “otro sujeto (al) que le dicen El Flaco”. En seguida, la constancia de la llamada registra que el denunciante anónimo “agregó que sus compañeros los amarraron en esa casa para evitar que quieran desertar porque están arrepentidos de lo que hicieron. Tienen que ir pronto por ellos porque si no les ganan.


“El jefe es un sujeto al que le dicen El César, a quien he visto por el poblado de Lázaro Cárdenas, Michoacán. También es zeta. Si no me creen, vayan a la casa que les digo y verán que lo que les digo es cierto.”
A pesar de que llamada se hizo a las 14:00 horas del día 24, fue cerca de las 16:00 horas del día siguiente cuando llegaron al lugar sólo tres agentes de la SIEDO: José Martín Zarza Escamilla, Ignacio Moreno Aguilar y Armando Javier Rojo Olivar.


Moreno Aguilar relató en su parte informativo: “Nos ubicamos en el zaguán de la casa. Escuchamos gemidos de personas… Les pedimos que salieran con las manos en alto y escuchamos que decían que no podían salir porque estaban amarrados y esposados… Una vez en el interior encontramos en una estancia a tres individuos… sentados en el piso… y vimos que estaban amarrados de sus pies, esposados y vendados de la cara”.


Cuando fueron interrogados, continúa, “manifestaron pertenecer al grupo de Los Zetas” y que sus compañeros los tenían en esa casa desde el 16 de septiembre, “ya que nosotros tres fuimos los que lanzamos las granadas… Nos tienen aquí porque cuando nos dimos cuenta del daño que habíamos causado (…) le reclamamos al sujeto que le dicen El Bola. Por lo que ellos pensaron que desertaríamos de la organización y pondríamos en riesgo la identidad de varios integrantes, por lo que ellos mismos nos trajeron aquí, nos golpearon, esposaron y vendaron la cara”.


Según sus familiares, a los indiciados sólo les quitaron la venda de los ojos antes de firmar la declaración en que se inculparon. Después, sus interrogadores de la SIEDO les pidieron que “con ademanes” explicaran cómo habían arrojado las granadas. Esa actuación fue la que difundió la PGR por televisión…

 

 

 



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