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Alfonso Diez

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Caso Florence Cassez: ¿Caerá García Luna?

 

 

Florence Cassez está sentenciada en México a cumplir una pena de 60 años de prisión por el delito de secuestro. Su abogado en Francia, Frank Berton, declaró a la periodista Anne Marie Mergier, de la revista Proceso, su molestia por la lentitud con que se desempeña la Comisión Binacional que se formó para decidir sobre una posible transferencia a Francia de la condenada y amenaza con acudir ante la justicia de ese país para demandar al secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, por modificación y falsificación de pruebas.


El pasado 12 de marzo este “Personajes” estuvo dedicado al tema de Cassez (Cabos sueltos en el caso Florence Cassez:


www.laquintacolumna.com.mx/2009/marzo/columnistas/colu_personajes_120309.html  )


y una de las conclusiones del que escribe fue que Genaro García Luna debe ser sancionado por la ley penal, como lo señala el artículo 16 constitucional, debido a que retuvo 24 horas a los secuestradores, incluida Florence, para efectuar un montaje dedicado a las televisoras. El artículo 16 dice que “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”. Pero la ley penal mexicana no ha hecho nada contra el titular de Seguridad Pública.


En esto se basa el abogado Berton para amenazar con su demanda a García Luna. Estará en México el próximo 27 de abril y hasta el 2 de mayo y quiere, en consecuencia, ser recibido por el secretario ¿Para negociar? ¿Para presionar a las autoridades mexicanas?


En el “Personajes” del 12 de marzo, expusimos que “el problema es que uno de los puntos del tratado establece que el mandatario que solicita el traslado de su connacional puede indultar, amnistiar o conmutar la pena que le hayan fijado en el país de donde procede (en este caso, de México) y como en Francia la pena máxima en prisión es de 20 años, la impuesta a Florence por la justicia mexicana, de 60 años, le podría ser conmutada por la anterior. Pero lo peor es que si le aplican alguna ley de liberación podría salir en 10, por buena conducta. Esto, claro, si antes no la indulta el presidente Sarkozy”.


Florence tiene todavía varios recursos por ejercer ante las leyes mexicanas, pero su posible transferencia a Francia, basada en la aplicación del tratado, dejó de lado, por el momento tal ejercicio.
Posibles escenarios


México puede simplemente negarse a entregar a Cassez, sin violar el Tratado de Estrasburgo, que contempla tal posibilidad, pero esa posición no parece que sea la que se adopte, en virtud del compromiso de Calderón con Sarkozy, de sujetarse a la decisión de la Comisión Binacional, que cuenta, entre sus integrantes, con el procurador general de París, Jean Claude Marin, y con el embajador de Francia en México, Daniel Parfait, además de los mexicanos cuyo nombre se desconoce.


En días pasados parecía que la comisión había tomado la decisión de no transferir a la francesa, pero como la resolución final depende del acuerdo entre los mandatarios de ambos países, la parte francesa expuso alguna objeción y hubo marcha atrás en el anuncio, que probablemente se emitirá a finales de este mes de abril.


En México, diversas personalidades y asociaciones se han manifestado opuestas a que se permita el traslado de Florence a Francia, mientras que en este país las manifestaciones han sido multitudinarias a favor de que su compatriota salga de México.


Una decisión de la comisión contra el traslado le daría puntos a favor ante la opinión pública al presidente Calderón, mientras que la favorable a la transferencia se los daría en contra y ocasionaría múltiples protestas. Al presidente Sarkozy le sucedería precisamente lo contrario ante ambas decisiones.


¿Qué debe entonces prevalecer? La justicia, desde luego, pero si el tratado aludido permite a las partes que la sentenciada cumpla la condena en su país, tal vez lo ideal sería el compromiso entre los mandatarios para que, una vez en Francia, Cassez no sea indultada.


Mergier preguntó al abogado Berton, en la entrevista señalada, que por qué insistía en llevársela (y Florence en irse) si allá tendría que cumplir por lo menos 10 años en prisión, mientras que en México, de ser inocente, la decisión de la Suprema Corte de Justicia tardaría como máximo un año y medio y el francés respondió: “El hecho de que esté dispuesta a sufrir eso, a pesar de saberse inocente, da la medida de su desesperanza”. Esto no es creíble.


La realidad es que Florence y sus abogados, en México y Francia, saben que de recurrir a la suprema corte, las posibilidades de que se revierta la sentencia condenatoria son escasas. Berton cree, como ya vimos, que presionando a García Luna puede lograr su objetivo, pero es evidente que el secretario de Seguridad Pública no puede hacer nada para cambiar la sentencia de Cassez, por mucho que lo presionen. Si se siente con el agua al cuello, tendría que pedirle al presidente Calderón que acepté la transferencia a Francia, para evitar el escándalo que significaría un juicio contra su persona en ese país y aquí es donde la cuerda podría reventarse: ¿Aceptaría Calderón presionar a la parte mexicana de la Comisión Binacional para que cedan ante la francesa? ¿O sacrificaría a un secretario que ha sostenido hasta ahora, a pesar de las múltiples acusaciones que ha recibido en su contra, por diversos posibles delitos, para respaldar el posible fallo adverso a Cassez de la comisión?


¿Cuál fue el motivo verdadero para que el pasado 15 de abril no se reuniera la comisión?


A la duda acerca de si Cassez será transferida o no a Francia, se suma ahora la duda respecto al futuro de un secretario de Seguridad Pública que ya ha causado muchos dolores de cabeza a su jefe, el Presidente de la República. Pero su renuncia solamente, con la intención de dejar las manos libres a Calderón, no evitaría la demanda de Berton.


Lo que parecía un “simple” caso de secuestro y la condena de los acusados, se ha complicado por la actuación ilegal del secretario García Luna y por la intervención del gobierno francés, en apoyo de su connacional.


La pregunta no es quién ganará, sino cómo se manejarán los entretelones de un caso policíaco que ya trasciende los límites de la esfera judicial mexicana.


Los que protestan en México no quieren que la absolución de una condenada por secuestro sirva de ejemplo negativo a otros delincuentes y los que lo hacen en Francia creen que, efectivamente, ella es inocente, porque la enorme publicidad generada por los medios de información franceses así se los ha hecho creer.


¿Es o no inocente? Lo cierto es que la justicia mexicana analizó a fondo las pruebas a favor y en contra en un juicio justo y la condenó. ¿Las manipulaciones de García Luna deberían pesar en el caso a favor de Cassez? Los juzgadores decidieron que no y aquí cometieron un error, porque el secretario, no cabe duda, es culpable.

 

 

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