Propuesta de agenda legislativa
Una vez concluida la elección federal intermedia, existen varios temas que deben se incluidos en la agenda legislativa de la próxima Cámara Baja y uno de los más importantes es la demanda ciudadana, para reducir de 500 a 300 las diputaciones federales, ya que un país con los niveles de pobreza y marginación que arrastra México no puede darse el lujo de mantener a una clase política tan numerosa y costosa como la actual.
También sería conveniente reducir drásticamente la cantidad de senadores que actualmente cobran (muchos sin trabajar) en la Cámara Alta. Se trata de 128 personajes que – en su mayoría – no defienden los intereses de los estados, sino que utilizan sus curules como trampolín político, para buscar alguna gubernatura o la dirigencia nacional de sus partidos.
Otra exigencia de millones de mexicanos es disminuir a la mitad o menos el presupuesto que cada año se destina a los partidos políticos y organismos electorales, debido a que ni unos ni otros cuentan con la confianza de la ciudadanía y, además, no son capaces de motivar a la gente a participar en los comicios, como lo demostró el elevado abstencionismo del 5 de julio pasado.
Otra aberración del sistema político mexicano es el monopolio de los partidos sobre los puestos de representación popular. Es necesario legislar, para que se pueda acceder a un cargo de elección, sin que sea forzoso ser postulado por una fuerza partidista, debido a que la gente más valiosa de México no se encuentra adentro de ningún partido, sino afuera.
Sin duda, el tema económico es el más importante para los mexicanos en este momento y, una semana después de los comicios federales y pese a los resultados adversos a su partido, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa insiste en enviar el combate a la pobreza al último lugar de las prioridades de su administración y en dedicarse solamente a labores policíacas.
En consecuencia, es necesario que la oposición, en especial el PRI, que hizo del tema económico el eje de su campaña, proponga un nuevo modelo de desarrollo, que facilite la inversión privada y – al mismo tiempo – haga que el Estado asuma su papel como rector del crecimiento y garante de que haya equidad y se eviten los monopolios y la concentración de la riqueza en pocas manos.
Otra exigencia de la ciudadanía es que – por fin – se acaben los pactos de impunidad y de protección mutua entre los políticos y gobernantes corruptos, porque otra costumbre perniciosa del sistema partidista mexicano es que los funcionarios se protegen y tapan unos a otros, aunque no sean del mismo partido.
La corrupción es el más grande problema del sistema político mexicano y, en consecuencia, debe ser combatida sin simulaciones ni distingos y, para ello, se requiere que sean los ciudadanos los que elijan a las instancias encargadas de detectar, combatir y sancionar las corruptelas cometidas al amparo del gobierno.
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