Los Bueyes con los que hay que Arar
La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso Local es un espejo humeante de su dirigencia estatal, pues ambas están marcadas por la mediocridad.
El responsable no podía ser otro: Eduardo Rivera Pérez, dirigente de la bancada y dueño del chofer que conduce al PAN: Rafael Micalco.
En sus afanes por ser una (mala) copia de Francisco Fraile García, Lalo va de pifia en pifia y ha demostrado, qué pena, su impericia en el manejo político.
Ya sabemos: Micalco –su protegido- tiene hecho un desastre al PAN –para alegría de los priistas-, igual que Rivera tiene una bancada de bajo perfil y de muy escaso seso.
¿Dónde quedó el beligerante y agudo Manolo Janeiro?
¿A qué lugar de sus Topeka de colección se fue a dormir su talento?
La respuesta es sencilla: Manolo obedece hasta la ignominia a Lalo y en ese sentido es un animal domesticado y obediente.
¿De Leonor Popócatl qué podemos decir?
Absolutamente nada, pues nunca ha dado demostraciones de la más mediana inteligencia.
Así por el estilo anda la bancada, igual que el Comité Directivo Estatal.
La duda mata: ¿o Micalco y su dueño están maiceados o son tan masoquistas que prefieren vivir en el basurero de la historia?
Dos casos recientes han demostrado de qué está hecho Lalito Rivera:
Cuando de la noche a la mañana apareció una iniciativa retrógrada relacionada con la familia y la preservación de las buenas costumbres, el líder de la bancada panista abrió los brazos al cielo, satanizó a los críticos de dicha iniciativa (Rocío García Olmedo en particular) y se alió al Padre Othón Bailleres para sacarla adelante.
Las críticas de Rocío molestaron sobre todo al Padrothón y a Lalo.
Faltaba más.
Entonces, poco a poco, y desde las sombras, se planeó el cuartelazo en contra de García Olmedo, quien este día, por la misma gracia divina que perpetró la cavernícola Ley de la Familia, dejará la Presidencia de la Comisión Inspectora del Congreso local inmediatamente o hasta el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones, mismo que iniciará el próximo 15 de octubre.
Eso sí: Lalo ya anunció que su bancada se abstendrá en el tema.
A lo que sí se opondrá –qué bancada tan valiente- es a la elección del talentoso Ricardo Velázquez como magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
La respuesta de Lalo sobre este tema no tiene desperdicio: “es un pago político por defender al gobernador en el caso de Lydia Cacho”.
¿Y qué hizo el PAN en las elecciones federales de 2006 o en los comicios locales de 2007?
¿Ya se les olvidó que a su vez olvidaron el Caso Cacho para una mejor negociación?
Tiene razón lo que dijo el diputado Luis Alberto Arriaga de sus colegas priistas (y aquí yo sumo a los panistas): “Son unos hampones”.
Con estos bueyes hay que arar.
Manual Para Distraídos. Las primeras señales concretas de quien será el candidato del PRI a Casa Puebla siempre empiezan por el PRI.
¿Cómo olvidarlo?
Cuando Manuel Bartlett llegó a Puebla y conoció la avenida Reforma en compañía de Mariano Piña Olaya, de inmediato se apersonó en el PRI estatal don Jaime Aguilar Álvarez, hoy convertido en virtual diputado federal propietario si Beatriz Paredes Rangel decide quedarse al frente del partidazo en lugar de llegar al Congreso federal.
De entrada: don Jaime movió y quitó operadores y se dedicó a preparar, entre otras cosas, la llegada de Bartlett.
Incluso, don Alberto Jiménez Morales, hombre fuerte del piñaolayismo, recomendó a Mario Marín Torres para que se fuera a coordinar la promoción del voto.
Otra señal: todos los secretarios, todos, empezaron a trabajar para Bartlett antes de que finalmente fuera el ungido.
La historia se repitió seis años después, cuando Melquíades Morales Flores le ganó a Bartlett y a José Luis Flores la candidatura.
-¿Qué quieres, Melquiades? –dicen que le preguntó el gobernador.
-El PRI. Sólo eso –fue la respuesta.
Y en efecto: a la sombra de Luis Antonio Godina, gente de todas las confianzas de Bartlett, llegó Jorge Morales Alducin, el primo incómodo, quien enloqueció con tanto poder, al grado de pelearse con todos y perder sus canicas –bombonas- frente a Rafael Cañedo Benítez y Víctor Manuel Giorgana.
Desde el PRI, el melquiadismo se movió a sus anchas.
Por supuesto: Bartlett alimentó al precandidato, y luego candidato, desde las finanzas estatales.
Un sexenio después, antes de que Mario Marín Torres fuese ungido por el gobernador Morales, había secretarios de despacho que tenían dos candidatos: Marín Torres y Germán Sierra Sánchez.
Y a ambos los apoyaban desde sus posibilidades, que eran muchas y diversas.
Pero el dedo –y no de Melquíades- se movió y con él se movieron también las estructuras y el partido.
En efecto: Mario Montero llegó al PRI y desde ahí empezó a gobernar el marinismo.
Por si fuera poco: Rómulo Arredondo, desde Gobernación, empezó a rendirle cuentas al nuevo patrón.
Lo mismo sucederá ahora.
No hay que perder de vista las jugadas.
De hecho: una ya se dio con la ratificación de Alejandro Armenta al frente del PRI estatal.
Otras vendrán en su momento.
Eso sí: los secretarios ya tienen a su candidato, que, oh coincidencia, es el mismo del gobernador.
Sobre el Tribunal de los Contencioso Administrativo. Un inteligente abogado envió a La Quinta Columna las siguientes líneas:
La función pública se manifiesta y materializa en los actos que preparan, dictan o ejecutan las autoridades competentes. Estos actos deben sujetarse al principio de legalidad que se concreta primordialmente en que lo dicte una autoridad competente y se respete la garantía de audiencia. La doctrina considera que un acto de autoridad también se vicia cuando existe desviación de poder.
La desviación del poder se evidencia en el acto administrativo cuando el funcionario que lo dicta, lo hace con fines diversos de los previstos en la norma. Ya que los actos administrativos no deben improvisarse, ni quedar subordinados a la arbitrariedad del poder público, pues necesariamente deben recorrer un camino legal, que es la preparación previa para que puedan manifestarse con eficacia. ( Andrés Serra Rojas).
Ante la posible emisión de un acto administrativo ilegal y con el objeto de salvaguardar las garantías del gobernado, generalmente las propias normas establecen recursos perfectamente reglamentados que dan lugar al procedimiento administrativo de impugnación que comentaremos brevemente a continuación, aunque en nuestra cultura local existe un miedo ancestral a impugnar los actos de las autoridades administrativas por los cauces legales; y es practica común y muy socorrida recurrir al compadrazgo cuando se trata de un acto que afecta a una sola persona, o a la actitud reivindicatoria y rijosa, que se evidencia en plantones y manifestaciones comandadas por antorchos y similares si el acto que afecta a mas de diez personas.
En el Derecho positivo al medio de impugnación se le denomina recurso y se define como aquel que le otorga la ley al particular afectado, para que obtenga mediante la substanciación del procedimiento correspondiente una resolución que modifique, revoque o confirme el acto impugnado. Solo como excepción se obtiene la anulación.
El recurso se instaura ante la propia autoridad que lo emitió, expresando los agravios que causa y ofreciendo las pruebas suficientes para acreditar la procedencia del mismo. Una vez que se obtiene la resolución sea o favorable o no, concluye la intervención de la Administración Publica Estatal el particular tiene la posibilidad del acudir al juicio de amparo si considera que sus garantías han sido violadas. Pues en el Estado de Puebla carecemos de una institución con tutela judicial que imparcialmente decida los conflictos que surgen entre la administración pública y los particulares.
La fundamentacion constitucional para establecer Tribunales de lo Contencioso administrativo en las Entidades Federativas se encuentra en el articulo 116 fracción V de la Carta Suprema que dispone “. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones”. Sin embargo Puebla es una de las tres Entidades Federativas que en 2009, aun carece de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En los últimos tres años el Ejecutivo del Estado durante el desayuno que conmemora la celebración del día del nacional del Abogado, ha comunicado a los medios, la creación del tan necesario Tribunal de lo Contencioso Administrativo; e incluso en 2008 se habló de la creación de una Sala administrativa dependiente del Poder Judicial del Estado para dirimir este tipo de conflictos. Y no como un Tribunal autónomo que es lo jurídicamente correcto.
En ese sentido la creación de una Sala administrativa dependiente del poder judicial del Estado, al cuarto para las doce del sexenio marinista; podría ser una solución de carácter político muy alejada de la eficiencia y especialización que requiere la impartición de justicia administrativa. Enviando la iniciativa de ley y la propuesta con el nombre de los tres elegidos al Congreso, antes de que se termine el segundo periodo de sesiones del 31 de julio de 2009. Sin darle ninguna participación a la sociedad civil ni a los peritos en derecho administrativo para conocer e intervenir en dicho proyecto. Amén de que empezará el pago de favores sexenal, ya sea en forma de Magistratura o de Notarías. Se valen catafixias.
Por vacaciones de Verano esta quintacolumna volverá a publicarse hasta el lunes 10 de agosto. Disculpe el lector este arrebato.
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