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Exige SNTE a Carmona investigar venta de plazas
Existe una denuncia contra el director de Formación Docente, Emilio Carranza León
Viridiana Lozano Ortíz

 

Eric Lara Martínez, líder de la sección 23, condenó estos hechos exigiendo que se investigue y se actúe conforme a le ley

 

Los dirigentes de la Sección 51 y 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Cirilo Salas Hernández y Eric Lara Martínez, exigieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) indagar en torno a la denuncia presentada en contra del director de Formación Docente, Emilio Carranza León, por la venta de bases docentes.


Por esta razón reiteraron la importancia de la Alianza por la Calidad (ACE) en la Educación que tiene como fundamento principal el evitar la comercialización de plazas mediante la realización de un examen de opción, para que los egresados de las escuelas normales tengan la misma probabilidad de obtener un trabajo como docentes de la SEP.


Lara Martínez condenó estos hechos exigiendo que se investigue y se actúe conforme a le ley, y que en caso de que Carranza León resulte culpable este sea relevado de su cargo para ejemplificar el castigo que pueda sufrir quien realice dichas practicas.


No obstante, estos hechos vienen a reforzar los señalamientos de los miembros del Consejo Democrático Magisterial quienes, desde el principio de su lucha en contra de la ACE, aseguraron que se trata únicamente de centralizar el poder de la repartición de plazas en los altos mandos del SNTE y la SEP.


En tanto el secretario de Educación Pública, Darío Carmona García, ha informado que éste es uno de los 14 casos, entre profesores y personal administrativo, que han sido detectados desde la implementación de la ACE por la venta de plazas docentes, asegurando que se actuará en consecuencia.


El secretario general de la sección 23 delegó toda la responsabilidad de los actos al Gobierno del estado y a Carmona García: “El acusado tiene un jefe inmediato, tanto la Secretaría de Gobernación como la SEP deben tomar cartas en el asunto, nosotros seremos respetuosos y apoyaremos la decisión que se tome. La ciudadanía requiere funcionarios honestos y comprometidos con la legalidad”.


Por su parte, Salas Hernández aseguró que el sindicato no defenderá ni solapará este tipo de actos ilícitos: “Son actos violatorios que deben ser resueltos por las instancias legales correspondientes, por el bien de la escuela pública y la sociedad”.


Dijo que es necesario transparentar los exámenes de oposición para evitar especulaciones al respecto: “No podemos politizar estos actos y que se utilicen en tiempos electorales, debemos ser prudentes y trasparentes”.

 

 



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