La CNDH confirmó la inocencia del gobernador
Dice Montero tras publicarse recomendación por el caso Lydia Cacho
Edmundo Velázquez
La comisión dio a conocer en su portal la recomendación 16/2009 en la que sólo pide a Marín Torres se dé vista a la Contraloría Interna en la PGJ para iniciar un procedimiento administrativo en contra de los policías judiciales que detuvieron a la periodista en diciembre del 2006
La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirma que el gobernador Mario Marín Torres nunca tuvo una responsabilidad en la detención de la periodista Lydia Cacho, aseguró Mario Montero Serrano, secretario de Gobernación.
Y es que ayer la CNDH dio a conocer en su portal web la recomendación 16/2009 en la que solamente pide al gobernador de Puebla que se dé vista a la Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia para iniciar un procedimiento administrativo en contra de los policías judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes llevaron a cabo el arresto en contra de la periodista el 16 de diciembre del 2006 en Cancún, Quintana Roo.
En el documento firmado por el Ombudsman, José Luis Soberanes Fernández, se pide que el procurador Rodolfo Igor Archundia Sierra inicie una averiguación previa en contra de Montaño Quiroz y Pérez Vargas.
Además de que el Gobierno del estado de Puebla inicie programas de capacitación a los policías judiciales para prevenir el uso de la tortura y también para que se brinde capacitación a todos los servidores públicos en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
Entrevistado tras la reunión que sostuvo con empresarios del transporte público, el secretario de gobernación, Mario Montero señaló que este es un espaldarazo más al actuar del mandatario poblano.
“Lo primero que sí queda claro es que, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca existió, ni existe, una responsabilidad del señor gobernador y no solamente queda exonerado sino además queda claro que no tuvo ninguna actuación y fue ajeno al asunto del que tanto se habló”, mencionó el titular de la Segob. Montero señaló que próximamente se dará una rueda de prensa en la que se profundice sobre el caso.
Al respecto, entrevistado en el mismo evento, el procurador Rodolfo Igor Archundia mencionó que aún la recomendación no llega oficialmente a sus manos por lo que desconocía en qué términos debía de aplicarse por Procuraduría General de Justicia (PGJ).
“No tengo conocimiento. Por lo menos hasta antes de que llegara yo a esta reunión no había nada. (…) Pero el procedimiento de las recomendaciones de derechos humanos tienen su trámite, tienen su conclusión, tienen sus recomendaciones y si se sugieren pues se deben cumplir y ahorita que desconozco los términos pues no puedo anticipar nada”, comentó el procurador.
Archundia además señaló que ambos judiciales laboran de manera normal en la Procuraduría debido a que, hasta antes de la recomendación, no existía algún impedimento para que llevaran a cabo su trabajo.
“Lo que puedo decir es que están trabajando normal, no hay impedimento para eso.
Primero tendríamos que conocerla [recomendación] para saber qué es lo que sugiere y recomienda”, agregó.
Por lo pronto, el funcionario señaló que esperará cualquier notificación oficial antes de llevar a cabo acciones. Aunque cabe subrayar que la recomendación 16/2009 señala directamente el procedimientos administrativos y penal en contra de ambos judiciales.
En el documento, Soberanes da 15 días hábiles al gobierno de Puebla para dé respuesta de aceptación de la recomendación y se detalle cómo se están solventando sus encargos.
“La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública esta circunstancia”, finaliza el documento enviado por Soberanes al gobernador de Puebla.
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