El registro es un acto político, no jurídico
Para el próximo domingo bien cabe una advertencia: si usted no tiene a qué salir de su casa, es mejor que no lo haga porque seguro se encontrará el asueto más caótico de los últimos años. Javier López Zavala y Enrique Doger medirán su capacidad de convocatoria con motivo de su registro como aspirantes a la candidatura, y en última instancia ambas estructuras podrían encontrarse con riesgo de que ocurra algún hecho de violencia que empañe lo que debería ser un día de fiesta para el tricolor. De acuerdo a los términos de la convocatoria, ambos aspirantes deberán acudir a la sede de la Comisión de Procesos Internos ubicada en el edificio que muchos años albergó al Comité Municipal en la subida a Los Fuertes. El delfín marinista tiene previsto llevar a 30 mil priístas de todo el estado, y el ex alcalde promete una movilización histórica de por lo menos 40 mil. ¿Qué ocurrirá en la zona de los Fuertes con por lo menos 70 mil priístas enseñándose los dientes? Porque además debe considerarse el transporte para la movilización lo que equivaldría más o menos a mil 800 autobuses de cuarenta plazas. Así que no es exageración hablar de que el próximo domingo la capital vivirá un pandemónium.
José Alarcón tiene tremendo problema a la vista en su calidad de Presidente de la Comisión de Procesos Internos: resolver el problema logístico, porque en su cancha no está determinar si Enrique Doger recibirá el registro. Tal decisión, por supuesto, pasa por Casa Puebla y la sede del Comité Ejecutivo Nacional. Las salidas son únicamente dos: otorgarle el registro o negárselo. Únicamente dos sopas que, en esencia, son una única decisión de tipo político y no jurídico. Veamos.
La convocatoria del PRI emitida por el Comité Ejecutivo Nacional tiene una serie de candados en que en esencia son políticos y no jurídicos, como es reunir el 25 por ciento de apoyo de los sectores, de los comités municipales o miembros del Consejo Político. Son candados declarados como ilegales en varias jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que coinciden en un punto: la postulación de un candidato depende de hechos propios del militante, y no de hechos ajenos. Es decir, depende de que el militante del partido haya cumplido con las obligaciones del estatuto, como es probar la militancia o el pago de cuotas, por ejemplo. Fuera de ellos, no puede imponerse ninguna limitación.
Como dichos candados de la convocatoria son ilegales, Doger puede recurrir a la justicia electoral para echar abajo el proceso interno para elegir candidato a la gubernatura. Así que José Alarcón no lo podrá negar por alguno de estos argumentos. Por si fuera poco, existe el compromiso de Beatriz Paredes para permitir el libre registro acordado en el cónclave del Comité Ejecutivo Nacional.
Existe, por supuesto, un escollo real: probar la antigüedad de la militancia por 10 años, pues se trata de un requisito estatutario propio, y no de un candado de la convocatoria. Algunos columnistas, en especial Mario Alberto Mejía, han incidido en el hecho de que Enrique Doger no posee tal militancia, ya que su pasado tricolor se remite al 2003 cuando fue placeado en un Comité Municipal preparando su candidatura a la alcaldía. Existe controversia si su credencial fue otorgada por Víctor Giorgana o por José Alarcón, hoy presidente de la Comisión de Procesos Internos.
Todas las partes guardan un silencio misterioso y nada quiere decir nada. Ni el propio Doger ha exhibido pruebas de su militancia, ni la dirigencia de Armenta ha subrayado la falta de requisitos. Tampoco los ex presidentes del partido que eventualmente emitieron la afiliación, Víctor Giorgana o José Alarcón, se han pronunciado al respecto.
Lo único que podría detener el registro de Enrique Doger sería firmar el pacto de una negociación decorosa, algo a lo que Javier López Zavala se encuentra dispuesto, pero no el gobernador Marín. Así que todo se reduce a autorizar o no el registro. Un caso semejante al de Andrés Manuel López Obrador, cuando en el 2000 no reunía la residencia de 5 años para postularse como candidato a Jefe de Gobierno del DF. El entonces presidente Ernesto Zedillo ordenó que el PRI no atacara jurídicamente su registro, por lo que entonces la autorización se convirtió en un hecho político y no jurídico.
¿Ocurrirá lo mismo en el caso Doger?
*** Espino viene mañana a Puebla…y no apoyar a Ana Teresa Aranda, sino a Rafael Moreno Valle. La Doña pierde el apoyo estratégico del grupo foxista en el marco de la contienda interna panista. Y por cierto, lo del helicóptero cada vez huele peor. Pronto habrá noticias que cimbrarán al PAN local.
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