Teoría

La mentira es la expresión contraria a lo que se sabe, piensa, cree o se hace, sencillamente faltar a lo prometido. Sinónimos de mentira; falsedad, engaño, fraude y treta.

La mentira política es expresar lo opuesto a lo que se sabe, piensa, cree o se hace en el quehacer público.

El concepto de mentira política ha evolucionado en el correr de los años, por ejemplo, en la República de Platón (427-357 a. de c.) se señalaba; “Si alguien debe de tener el privilegio de mentir, ese alguien debe ser un gobernante de Estado, en sus obligaciones con los enemigos o con sus propios ciudadanos, estarían habilitados para mentir por el bien público”, posteriormente Nicolás Maquiavelo (1469-1527) sugirió que; “Un príncipe prudente no debe mantener fidelidad a las promesas”, de igual forma, muchos otros pensadores han hecho sus propias reflexiones  y  aportaciones sobre el tema.

Arbuthnot y Swift (2006) en su libro; “El arte de la mentira política”, distinguen tres tipos de ella; la mentira calumniosa (que pretende socavar al adversario), la mentira por aumento (que persigue engrandecer la valía de una personalidad política) y la mentira por traslación (incide sobre los méritos o deméritos de ciertas acciones a otras personas que no incurrieron en ellas) en donde cabe la promesa y el incumplimiento a la misma.

Praxis, tres ejemplos

El actual Ejecutivo del Estado, entre sus numerosas promesas de campaña, ofreció a los gobernados una ciudadanización escrupulosa y definitiva en cuanto a las decisiones de gobierno, entre otros compromisos, pero la desangelada  “designación” por el Congreso local de David Villanueva Lomelí al Órgano de Fiscalización Superior, el pasado 11 de noviembre y la  asunción de Amador Coutiño Chavarría, Roberto Flores Toledano, Joel Baltazar Cruz y Belinda Aguilar Díaz  a cuatro magistraturas del Tribunal Superior de Justicia el pasado día 24 del mismo mes, es sencillamente una repetición viciada de la alianza  entre grupos políticos, que se traduce en la partición del poder con la exclusión social.

El último ejemplo  lo constituyen las Reformas aprobadas el pasado 7 de los corrientes por el Congreso local a la Ley del ISSSTEP y al Código de Defensa social y de Procedimientos en Materia de Defensa Social, en ambos casos, no hubo ningún tipo de consulta ciudadana, no obstante el impacto y alcance social de las mismas y que en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 en el Eje de Gobernanza Participativa se evoca el “impulsar a la corresponsabilidad ciudadana, reconocer el pluralismo y fomentar la inclusión”.

Debemos construir una auténtica alianza sociedad – gobierno.