El cerco sobre el marinismo se extiende silenciosamente pero de forma efectiva para alcanzar en un tiempo no muy lejano al jefe de la pandilla, oficialmente prófugo —según sus voceros mediáticos— aunque ninguna orden judicial lo persigue… de momento. Las órdenes de aprehensión contra Alfredo Arango y Javier García Ramírez desataron la paranoia entre los compinches del “góber precioso” en los primeros días de enero y provocaron una multitud de amparos “buscadores” para encontrar otros mandamientos judiciales que durmieran el sueño de los justos. Amigos, familiares y hasta periodistas adictos se sabe que recurrieron a la justicia federal porque no fuera a ser la de malas.

En los mismos días, la contralora Patricia Leal por fin se quitó la pereza y emitió las primeras resoluciones de inhabilitación contra funcionarios del sexenio anterior. De entre ellas destaca la de Gerardo Pérez Salazar, secretario de Finanzas y Administración; la de Blas Villegas, titular de Ceaspue, y dos subsecretarios de Obra Pública, Efraín Ruiz y Victoria Huerta. En total suman 26 marinistas que deberán pagar multas millonarias y no podrán trabajar en la administración pública por periodos que van de uno a doce años.

La contralora Patricia Leal, inédita en el ejercicio de sus funciones hasta este enero, por fin se puso a desquitar el sueldo y logró emitir las sanciones que tanto se esperaban. La sorpresa es que la justicia administrativa logró alcanzar a Gerardo Pérez Salazar. La inhabilitación de un año suena más a coscorrón que a una verdadera sanción, tomando en cuenta que fue el responsable del teje y maneje del erario. Si Arango, García Ramírez y compañía se despacharon con la cuchara grande, fue en parte responsabilidad de Pérez Salazar. Aún así no deja de ser irónico que su sanción sea producto de la omisión al incumplir una orden de la CAIP para entregar el convenio de servicios financieros con la caja de ahorros Coofia de Valente Medina, responsable de defraudar a miles de poblanos. Por lo menos no se fue limpio.

La sanción más alta emitida por la contralora le tocó a Blas Villegas Lara, después de un procedimiento administrativo que arrancó todavía en el marinismo tras pelearse con García Ramírez. Seguramente se transaron mutuamente, pero la cercanía del titular de Obras Públicas con el “góber precioso” provocó que desde entonces afilaran la guillotina. El extitular del Ceaspue entregó facturas de dudosa procedencia y se le aplicó la inhabilitación más amplia del paquete, castigándolo con 12 años y un millón de multa. Entre las patas se llevó a otros nueve funcionarios del organismo que fungieron como sus cómplices.

Como debía ser, la carpeta de irregularidades y robos en Obras Públicas requirió una gran investigación, ya que además de órdenes de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra Javier García Ramírez y sus subsecretarios Efraín Ruiz y Victoria Huerta, también provocó sanciones administrativas. A Ruiz Meneses se le aplicó, nada más, una multa de 41 millones de pesos por haber autorizado y aprobado volúmenes de obra que no correspondía a lo ejecutado en diversos contratos, y no podrá trabajar en la administración por un plazo de ocho años. A Victoria Huerta le echaron una década de sanción, pese a que a la mitad del sexenio marinista fue congelada en la dependencia luego de que García Ramírez la acusara de avorazada con las comisiones.

El resto de nombres es menos espectacular. Un poco llama la atención Fernando Camargo, que en su breve paso por la SCT, concedió permisos del transporte público a sus familiares y por ello recibió tres años de inhabilitación. El resto son personajes menores del área de Salud.

Habrá quienes señalen que los castigos de la Contraloría son mínimos, si tomamos en cuenta el monto de las irregularidades y de las fortunas que amasaron a lo largo del sexenio, especialmente en los casos de Pérez Salazar y los exfuncionarios de Obra Pública. De acuerdos con las fechas de las resoluciones, la mayoría fueron dictadas en los primeros días de enero y se trata de los procedimientos que el gobernador Moreno Valle iba a anunciar en su Primer Informe de Labores, pero debido a que todos se ampararon prefirieron mantenerlo en secrecía. Pero hoy se sabe la verdad. La mano de la justicia cada vez se acerca más a Mario Marín. ¿Lo alcanzará antes de julio?

**** Un misterio menos en la vida. Uno se pregunta cómo es que con su experiencia al haber trabajado como tesorero en dos administraciones, Arturo Botello tuvo tantos problemas para solventar las cuentas públicas de Gabriel Hinojosa y de Luis Paredes. Ahora se entiende: el administrador del Yunque es un simple pasante que pese a su avanzada edad jamás pudo obtener el título de contador público. Vergonzoso. En cualquiera otro país habría tenido que renunciar tras su confesión a pregunta del regidor Castilla Kuri.

Pobre Lalo Rivera. El pasante Botello le dará muchos problemas ahora que deba solventar sus cuentas ante el OFS. Ya se ve venir.