Dos motociclistas pertenecientes al grupo Centauro de la Policía municipal fueron puestos a disposición del Ministerio Público, por estar involucrados en el homicidio de una persona, que junto con otra intentó evitar la intervención policiaca en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, esto mientras viajaban a bordo de una camioneta que fue reportado por alterar el orden.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado alrededor de las 20 horas, cuando después de recibir un reporte por parte de los vecinos, los policías municipales encontraron de frente a una camioneta que viajaba en sentido contrario sobre la avenida Forjadores, por lo que solicitaron a los tripulantes del vehículo que se detuvieran. Sin embargo, éstos ignoraron las órdenes, y en su afán de huir, golpearon una de las motocicletas de la corporación.

Este hecho originó que Gilberto Lozano Ávila, oficial de la unidad P072, disparara en contra del vehículo, provocando que una bala impactara en el cuerpo del ahora occiso, Rodolfo Loera Centeno.

Esta acción desencadenó un proceso de investigación por parte del Ministerio Público en contra de Lozano Ávila y su compañero Miguel Papaqui Aguilar, para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y delegar responsabilidades.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Amadeo Lara Terrón, recalcó que fue la misma corporación quien solicitó que se iniciara esta investigación, para determinar responsabilidades, ya que de acuerdo con la versión de los protagonistas, los sospechosos fueron los que iniciaron el ataque, detonando primero un arma de fuego.

Sobre este respecto, el titular de la dependencia comentó que se inició una persecución en contra del chofer de la camioneta. Sin embargo, ésta no tuvo éxito, por lo que el implicado sigue prófugo; acto seguido, los elementos recibieron la orden de concentrarse en la base de la Policía municipal.

Lara Terrón señaló que la zona en la que ocurrieron los hechos está considerada como peligrosa, pero negó que esto sea factor para que los oficiales tomaran la decisión de disparar rápidamente: “es una zona que tiene una incidencia particular, pero no queremos que esta situación se tome como una explicación de un evento que tiene que analizarse en sus propias circunstancias”.

Finalmente, el secretario informó que el proceso ya está en manos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), por lo que toda la información a cerca del caso fue entregada a la dependencia estatal, y será ésta la que determine la situación jurídica de los uniformados.