Inicio >> Estado >> Señala Moreno Valle grave violación en uso de recursos

Señala Moreno Valle grave violación en uso de recursos

Luego de la entrega de fondos del ramo 33

 

 

Existe una violación flagrante a la Ley del Federalismo Hacendario por parte del Gobierno del estado al entregar recursos provenientes del ramo 33 sin contar con los expedientes técnicos que validen la aplicación de estos montos, acusó el senador panista Rafael Moreno Valle, quien calificó de “grave” que los funcionarios marinistas reconozcan que violentan las normas y “no pase nada”.


Por su parte, el diputado federal Guillermo Velásquez Gutiérrez destacó que para evitar que el Gobierno del estado siga violando la Ley de Coordinación Fiscal, se deben ejercer nuevos mecanismos de fiscalización de los recursos federales entregados a los municipios.


El martes pasado, Alejandro Armenta Mier, secretario de Desarrollo Social (SDS), reconoció que el Gobierno del estado adelantó la entrega de recursos del ramo 33 —por un monto de más de 800 millones de pesos— a los 217 municipios de la entidad sin contar con los expedientes técnicos que sustenten la aplicación de los mismos, lo anterior para evitar desvíos hacia procesos electorales.


En entrevista con Cambio, Moreno Valle manifestó que es la Ley del Federalismo Hacendario —que tiene aplicación en el estado— la que establece que se debe sustentar técnicamente la aplicación de los recursos, por lo que existe una violación a esta reglamentación.


En la opinión del senador, adelantar la entrega de los recursos del ramo 33 —como lo hizo el Gobierno del estado hace unos días— para evitar que durante la jornada electoral de este año los presidentes municipales tengan acceso a ellos, no garantiza que los recursos se apliquen en obras de infraestructura social:


“No es garantía en lo absoluto, creo que el gobierno lo hace en un principio para que las obras no queden inconclusas. Sin embargo, es necesario que primero se cumpla con lo que marca ley. Si el gobierno priísta no está de acuerdo con la Ley del Federalismo Hacendario, que la mayoría de ese partido en el Congreso local la modifique. Si la ley es mala no implica que no se tenga que cumplir (…) El problema de dar esos recursos de esta manera es que pueden utilizarse para cualquier cosa. Se puede prestar a muchas situaciones”, indicó.


Comentó que existe un riesgo latente por la utilización de los recursos en campañas electorales, y urgió a que el ORFIS esté al pendiente de que lo anterior no suceda: “por ello es preocupante que no exista una sustentación técnica porque de esta forma no se puede supervisar el avance de una obra, de ahí la importancia de un expediente y que éste sea validado.”


Moreno Valle recordó que es alarmante que los funcionarios del Gobierno del estado reconozcan que no se ciñen a lo que marcan las diversas legislaciones: “Recuerdo que el año pasado reconocieron que se pasaron recursos de unas dependencias a otras.”


Asimismo, señaló que estará atento a la reacción por parte de los diputados locales de Acción Nacional respecto a este tema, ya que recordó que al tratarse de una violación a la ley estatal, es el Congreso local el que debe determinar lo conducente.

 

 

“Buscar alternativas para no violar la ley”: Velásquez
En entrevista vía telefónica, Guillermo Velásquez, diputado federal del PAN, subrayó que los municipios que estén en contra de la forma en que el Gobierno del estado está entregando los recursos del ramo 33, se pueden inconformar ante las instancias pertinentes. Asimismo, destacó que la Auditoría Superior de la Federación estará pendiente de que en Puebla no se desvíen recursos hacia campañas electorales.


Indicó que es posible que el Gobierno del estado acuerde con los ayuntamientos, a través de convenios, la forma en la que entrega los recursos de origen federal, no obstante coincidió con Arabian, en el sentido de que el Gobierno del estado debe sujetarse a lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, así como respaldar técnicamente las obras en las que se aplican los montos:  


“El Gobierno incurre en una falta a la Ley de Coordinación Fiscal. No se pueden negar o limitar la entrega de recursos de esta forma, se deben buscar alternativas para que no se siga pasando por alto la legislación”, consideró:


—¿Qué otras alternativas existen? —se le preguntó al diputado federal.
—Darle más apoyo a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda mandar a más gente a fiscalizar los recursos. De hecho existe un convenio entre la ASF y la Secretaría de la Función Pública para compartir esfuerzos e información en este empeño. Así se logrará que entremos en esquemas más específicos, claros y que podamos llegar a todas las áreas —apuntó.


Velásquez insistió en que se debe trabajar en los mecanismos de fiscalización y transparencia en el uso de los recursos. En su opinión, se trata de una irregularidad repartir recursos sin basarse en los lineamientos federales, pero es más importante que se revise la aplicación de los recursos:


“Siempre existe la duda con el manejo de estos recursos. Lo cierto es que conforme se han ido incrementando las revisiones, cada vez se cometen menos sanciones, comienza una cultura de rendición de cuentas para que no se apliquen a campañas electorales (…) Comparto el señalamiento de Myriam Arabian, en el sentido que hay que ceñirse a lo que marca la legislación federal. Aunque también es cierto que existen convenios de coordinación entre el Gobierno del estado y los municipios, en ese sentido coincido en la preocupación que tiene la administración estatal por el manejo de los mismos”, indicó.


Manifestó que otra de las estrategias para la transparencia de los recursos federales es que los congresos estatales homologuen los mismos mecanismos de fiscalización de recursos con que cuenta la ASF:


“En este caso, la única forma en la que serían sancionado el Gobierno estatal por no seguir los lineamientos federales, es que los ayuntamientos presenten una denuncia por la forma en que se han entregado. En 1998, cuando se aprobó la Ley del Federalismo Hacendario, se ampararon 12 municipios contra esta legislación y promovieron una Controversia Constitucional. La Corte les dio la razón. Por lo tanto, en muchos municipios quedó sin vigor porque existen convenios de colaboración. Los convenios permiten esa normativa para el control de esos recursos.”


Hay que recordar que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la ASF son las instancias que fiscalizan los recursos provenientes del ramo 33, que entrega la federación a los municipios a través del Gobierno del estado.

 

 

Notas relacionadas:

 

- Armenta cayó en anomalías al repartir recursos del ramo 33

- Entrega recursos sin expedientes técnicos

 



     PUBLICIDAD