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Rómulo, Javier García y Édgar Nava, negligentes

Sedecap descubrió desde el 2006 corrupción en la carretera de la muerte

 

La auditoría dictaminó que en el proyecto de la obra no se consideraron características ambientales, climáticas y geográficas de la región


Un informe de revisión de la Sedecap confirma la negligencia del gobierno del estado en la edificación de la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Porfirio Díaz —en donde fallecieron la semana pasada 32 personas por un alud de tierra—, pues desde el inicio contó con diversas fallas como el hecho de que jamás se presentó un proyecto en forma impresa que haya sido validado por la firma del proyectista y que contara con la autorización de la Dirección Técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).


Ese mismo estudio arrojó además que la empresa contratista recibió pagos por conceptos no ejecutados relativos a trabajos de desmonte. A pesar de ello, la construcción de dicho camino fue iniciada por el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Marco Antonio Rojas Flores, la continuó el actual titular de esa dependencia, Rómulo Arredondo Gutiérrez y fue culminada por el secretario de Obras Públicas, Javier García Ramírez, quien la asignó por el doble del precio original a Esna Construcciones propiedad del empresario consentido del sexenio, Édgar Nava.


Además, el titular de la SCT Rómulo Arredondo confesó en otro informe de  agosto de 2006 —cuya copia obra en poder de Cambio— dirigido al titular de la Sedecap que “en la ejecución de los trabajos se presentaron derrumbes y deslaves constantes en el desarrollo de los trabajos que disminuyeron el rendimiento de la empresa por tratar de mantener en condiciones de tránsito el camino ya que por las características propias del camino y topográficas imposibilitaban el paso de los usuarios”.


Aunado a ello un documento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también puso en evidencia la negligencia del gobierno estatal al construir la carretera Azumbilla-Tlacotepec, pues en dicho dictamen se resalta que nunca se consideraron las características ambientales, climáticas y geográficas de la región para la edificación de la obra, ya que desde su planeación se sabía de riesgos de deslaves sobre la vialidad.


El estudio de la ASF —cuya copia obra en poder de Cambio y que fue revelado por El Universal— fue realizado el 14 de julio del 2006 y se complementa con un dictamen que elaboró la Secretaría de Evaluación, Desarrollo y Control de la Administración Pública (Sedecap) en el que también se reconoce que en la edificación de la carretera se ignoraron las recomendaciones por las condiciones climáticas de la zona.


Aunado a ello, en el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación también se denuncia que la obra fue declarada como culminada y pagada, cuando la carretera estaba aún como camino rural y ni siquiera estaba asfaltada.


En otro documento elaborado por la SCT, el 28 de septiembre del 2006, para solventar las irregularidades detectadas por la ASF, la propia dependencia reconoce que la zona donde se llevó a cabo la obra existían deslaves.


“Desde el inicio de los trabajos se presentaron características físicas del terreno no previsibles como son materiales inestables que provocaron un gran número de derrumbes y deslaves a lo largo del tramo (...) por las características climatológicas de la zona y las situaciones que se venían presentando y que constantemente interrumpían la continuidad de los trabajos de la obra, fue necesario que la dependencia (SCT) realizara una serie de estudios que permitiera conocer el estado real de las características físicas así como la topografía del terreno para así emitir un dictamen técnico que reflejara las causas y las soluciones para poder continuar la obra de una manera segura y funcional.”


En otro documento dirigido al contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, Rómulo Arredondo hace una relatoría de las irregularidades detectadas en la obra carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz en su tramo Chichicapa-Alcomunga: “De lo anterior se concluye una deficiente planeación de la carretera (...) por parte del director de infraestructura de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla al no considerar las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde se realizó la obra, que incidieron en el retraso y cancelación de los trabajos.”


En el mismo documento, Rómulo Arredondo apunta respecto a ese señalamiento: “Esto es que la irregularidad medularmente estriba en que existe una deficiente planeación de la obra al no considerar las características climáticas y ambientales de la región donde se realizó la obra factores que incidieron en el retraso y cancelación de los trabajos.”

 

 

El alud de la corrupción en una carretera

La historia de esta vialidad está llena de corrupción y componendas en el gobierno del estado, pues desde un inicio se registraron denuncias por extorsión de parte de ex funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que Benjamín Lobato Escamilla fue acusado por Juan Carlos Anaya Estévez, dueño de la empresa Proyectos y Construcciones Anes, de pedirle el 10 por ciento de la obra después de que fue asignada.


El periódico La Jornada de Oriente, el 28 de febrero del 2005, detalló parte de esta historia: “En el 2002, la constructora Proyectos y Construcciones Anes ganó de manera legal la licitación para construir la carretera Alcomunga-San Miguel Eloxochitlán al haber presentado el presupuesto más bajo. Pero al poco tiempo de iniciar los trabajos sufrió la primera extorsión. Asegura que Benjamín Lobato Escamilla, quien se desempeñaba como director de Normatividad y Gestión Ciudadana de la SCT, le dijo que debía pagarle una comisión del 5 por ciento del monto contratado para la obra, o de lo contrario le rescindirían el convenio para hacer la vialidad.


”Ante tal amenaza, indica el constructor: ‘... por las exigencias de Benjamín Lobato Escamilla se me obligó a entregarle en días posteriores en el estacionamiento de Tok’s Las Ánimas en tres entregas la cantidad de un millón 500 mil pesos, mencionándome que en el transcurso de la obra me ayudarían a recuperarlo’.”


En esa misma historia se menciona que el dinero recabado y que constantemente tendría que entregar este constructor sería para la campaña de Marco Antonio Rojas Flores en su afán de convertirse en el candidato al gobierno del estado por el PRI: “Al comenzar las candidaturas para gobernador del estado del PRI, me manda a traer el arquitecto Ezequiel Aguilar Pérez y me pide un millón de pesos para la campaña de Marco Antonio Rojas Flores. Que lo aumente al dinero que me debían y que de ahí saldría, mencionándome que todas las demás empresas ya habían realizado sus aportaciones, en la medida del importe de sus contratos.”


Hay que resaltar que este empresario se declaró en quiebra una vez que dijo entregar más dinero a la dependencia que la que tenía en su presupuesto en calidad de comisiones y sobornos que eran para el gobierno que encabezó Melquiades Morales Flores y la campaña de Marco Antonio Rojas Flores.

 

 

Cuando la corrupción se convirtió en avalancha

El 19 de septiembre del 2006, a Rómulo Arredondo se le envió una tarjeta informativa en la que se le daba cuenta de una denuncia penal contra el constructor Juan Carlos Anaya Estévez por las obras de la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz —en donde sucedió la tragedia—, en el tramo Alcomunga-Eloxochitlán pues se registró un quebranto económico por la cantidad de 8 millones 212 mil pesos, la cual fue presentada el 4 de mayo del 2006 y posteriormente fue archivada en la Procuraduría General de Justicia.


Más adelante el 10 de noviembre del 2006 se llevó a cabo una reunión en la Sedecap para: “concensuar la posible solución para la solventación de la auditoría practicada a la Obra Alcomunga Eloxochitlán ejecutada por la empresa denominada Proyectos y Construcciones Anes SA de CV en la que se observó trabajos pagados no ejecutados por la cantidad de 4 millones 774 mil 960 pesos”, según se informa en otra tarjeta informativa.

 

 

Los señalamientos de la ASF

En cuanto a las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación en la construcción de esta carretera también se detectó un quebranto económico por más de 11 millones de pesos, pues el primer encargado de la obra fue el empresario Melecio Limón Herrera, quien se retrasó en la entrega de la obra y al final, después de una serie de modificaciones, no la pudo concluir.


Ante ello, Rómulo Arredondo elaboró un documento que envió al contralor Víctor Manuel Sánchez Ruiz el 7 de agosto del 2006 en el que establece una defensa del gobierno del estado ante los señalamientos tan duros que hizo la ASF.


“Los funcionarios actuaron en el cumplimiento de su función encomendada y tan es así que la obra se concluyó...”.


El propio Rómulo Arredondo acusó a los vecinos de cambiar el trazo original de la carretera, pues los habitantes de la Sierra Negra aseguraban que el proyecto original no pasaba directamente por las comunidades.


De esa forma, responsabilizando a los vecinos, Arredondo desvió los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación.

 

 

Nava, el consentido del sexenio

La cereza de la corrupción y la negligencia en el pastel resultó ser Édgar Nava y el secretario de Obras Públicas, Javier García Ramírez, pues una vez que se había descubierto toda la corrupción tanto en la asignación de la carretera como la mala planeación sin tomar en cuenta los daños climáticos y la situación geográfica, el gobernador del estado, Mario Marín Torres, determinó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop) fuera la encargada de culminar la carretera que tantos dolores de cabeza generó y que fue inaugurada su segunda etapa el 3 de agosto del 2005 por el presidente Vicente Fox.


A sabiendas de todos los dictámenes que se habían elaborado y de todo lo que pesaba en esta obra, García Ramírez asignó la obra sin licitación alguna a Esna Construcciones, propiedad de Édgar Nava por el doble del proyecto original, es decir, por 21 millones de pesos.


Misteriosamente los costos de la obra se duplicaron cuando se determinó que Esna fuera la encargada de realizar las obras.


Gracias a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pudo constatar que se asignaron los 21 millones de pesos a favor de Esna Construcciones para conclusión de la carretera Alcomunga-Eloxochitlán, en la Sierra Norte de Puebla.


De más está decir que dicha adjudicación en beneficio de un conocido prestanombres del diputado Fernando Morales Martínez, hijo del exgobernador Melquiades Morales Flores, es violatoria del artículo 43 de la Ley de Obra Pública y del artículo 71 de la Ley de Egresos del estado de Puebla, que marca que “hasta $302,000.00 (Trescientos dos mil pesos 00/100 m.n.), las obras públicas o los servicios relacionados con las mismas se realizarán por adjudicación directa”.


Nava consiguió gracias a Javier García que la obra se la adjudicaran de manera directa y por el doble de lo que originalmente se había presupuestado.


Según la Ley de Obra Pública sólo se puede exceptuar el procedimiento de licitación pública cuando los trabajos contratados por el gobierno del estado sean excepcionales, por tratarse de obras de arte, inmuebles protegidos o históricos; porque peligre o se altere el orden social, como consecuencia de desastres por fenómenos naturales; o porque el concurso convocado se haya declarado desierto.


En el caso que nos ocupa, la carretera que va de Alcomunga a la cabecera municipal de Eloxochitlán, ninguna de estas excepciones se cumplió, lo que no fue un obstáculo para que la obra de cualquier manera de asignara en forma directa.

 

 

Los responsables según ASF

Después del análisis que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se llegó a los presuntos responsables y ahí se involucra a José Rogelio Vergara Meléndez, exdirector de infraestructura de Comunicaciones de la SCT y a Vicente Lozano Martínez, residente de Construcción adscrito a la SCT.


Al primero se le responsabiliza por la deficiente planeación de la obra: “Construcción de la carretera (...) al no considerar las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde se realizó la obra pública, factores que incidieron en el retraso y cancelación de los trabajos.”


Y al segundo se le responsabiliza por deficiente supervisión en el desarrollo de los trabajos de la obra y avalar la terminación anticipada del contrato. Hay que decir que ambos son funcionarios que vienen desde el sexenio pasado.

 

 

A confesión de partes relevo de...
De hecho, el pasado viernes en una entrevista con Cambio, el actual subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Arturo Barbosa Márquez, aceptó que el primer tramo de esta carretera construida en el sexenio anterior se encuentra en mal estado por las lluvias y el paso de los camiones pesados. Incluso dijo que el gobierno del estado tardó en la realización de esta vía de comunicación por la inestabilidad geológica en toda la Sierra Negra:


“De que estemos informados de que pueda pasar un deslave, quiero informarte que tenemos casi mil kilómetros de carreteras en zonas de alto riesgo, y casi mil 500 kilómetros de caminos rurales en esas zonas.

El 50 por ciento de las carreteras de Puebla está en zonas de alto riesgo (…) técnicamente no puedo saber cuál cerro se va a desgajar hoy y cuál mañana. Sabemos que gran cantidad de cerros corren peligro en todos lados; no se podía hacer la carretera debido a la inestabilidad geológica que guardan esos cerros. Con un esfuerzo bestial de dos sexenios se logró abrir la carretera pero no deja de ser de alto riesgo. El caso de ahora nos apena sobremanera, es increíble que habiendo tan poco tráfico (sic) ‘pasara la raya’. Estamos totalmente apenados y dolidos.”


Ese mismo día, el diputado por Ajalpan, dijo a la reportera de Cambio Selene Ríos Andraca, que la zona de Eloxochitlán sí es peligrosa por la construcción de la carretera donde ocurrió el incidente, empero, perjuró que la SCT sí dio mantenimiento a la vía en estos meses en que los riesgos se incrementan por la temporada de lluvias.


“Bueno, como se sabe, para construir carreteras se tienen que cortar cerros, cuando se topa con roca se estabiliza, pero donde hay lodo clorado con la lluvia se da el derrumbe; para que una carretera se estabilice pasan hasta cinco años.”


—¿Ya había pasado antes un derrumbe similar? —se le preguntó.
—No, jamás habíamos tenido derrumbes de esa magnitud. Habíamos tenido derrumbes que taparon la mitad de la carretera, con mucho lodo tapaban.
—Pero es zona de derrumbes, ¿no?
—Sí, bueno, como se sabe, para construir carreteras se tienen que cortar cerros, cuando se topa con roca se estabiliza, pero donde hay lodo clorado con la lluvia se da el derrumbe; para que una carretera se estabilice pasan hasta cinco años.

 

 

Y que Dios los bendiga

El final llegó con la muerte de 32 personas y la desaparición de otras 25 que aún no han sido encontradas. El miércoles pasado por la mañana un cerro se deslavó como el desenlace  de esta historia de corrupción.


El 3 de agosto del 2005, Vicente Fox vino a la Sierra Negra para dar el banderazo de salida a las obras de esta región.


Después de una larga perorata, Fox dijo: “que Dios los bendiga”.


Y con esa rúbrica el cerro en Eloxochitlán se vino abajo.

 

 

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