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Defiende García Ramírez a su constructor consentido

Nervioso y molesto, el titular de la SEDUOP justifica pagos en exceso a Edgar Nava

 

 

Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop) salió en defensa del constructor Édgar Nava, al intentar justificar que le asignaron la suma alta de 22 millones de pesos para la terminación de la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz, debido a que culminó un trabajo inconcluso, con materiales echados a perder y de gran dificultad por la geografía de la zona.


En entrevista, el funcionario marinista reconoció que en lo que va del sexenio, la Seduop ha adjudicado de manera directa obra pública por un monto superior a los 200 millones de pesos, no obstante, dijo que está sustentado en la Ley de Obra Pública.


Visiblemente nervioso y molesto, luego de la puesta de la primera piedra del proyecto La Célula, García Ramírez aceptó que el constructor Édgar Nava trabaja con la administración marinista desde el inicio del sexenio.


Más aún, aseguró que la adjudicación directa a Esna Construcciones —propiedad del empresario— del último tramo de la Azumbilla-Tlacotepec se sustentó en la premura por la terminación de la obra, en función de que dos constructoras en el sexenio melquiadista dejaron inconcluso los trabajos.


Por si fuera poco, García Ramírez señaló que no fueron 13 sino 18 los kilómetros que construyó Esna en el tramo que comprende de la comunidad de Alcomunga a Eloxochitlán. Es decir, se trata de una distancia corta —la carretera en total mide 60 kilómetros aproximadamente— por la que cobró no 21, sino 22 millones de pesos.


—¿Por qué pagar una suma tan alta para la conclusión de un tramo de a penas 13 kilómetros?
—Te voy a aclarar a ti porque creo que no te ha quedado muy claro (sic). Primero, ese tramo de carretera no fueron 13 kilómetros, fueron 18 con obras de protección, canaletas. Esa obra fue contratada por la secretaría a mi cargo, va de Alcomunga a Eloxochitlán, es una obra que estuvo suspendida más de tres años —manifestó.

Otro de los argumentos de García Ramírez es que el planteamiento original, realizado en 2002 en cuanto al costo de este tramo era de 29 millones de pesos, sin embargo, la actual administración se la asignó a Édgar Nava por 22 millones de pesos:


“Incluye cambiar todo. Es decir, volver a restituir todo lo que ya no se había hecho de obra. La ley te faculta asignar de manera directa una obra tan costosa en el sentido de que se ha suspendido dos veces y se ha rescindido el contrato. Los dos primeros contratos fueron a empresas diferentes. Se le dio porque era un trabajo urgente por la zona (…) nomás chécate el costo, te invito a que vayas allá, recorras las condiciones en las que se trabaja, que todo el tiempo está lloviendo, se deben cuidar los cortes de los cerros, obras de protección, es muy diferente el costo por kilómetros”, manifestó.


Lo anterior se contrapone a lo que el propio constructor Édgar Nava reveló a Cambio, en el sentido que el gobierno marinista buscó a su empresa porque era la única cercana que contaba con una máquina para hacer asfalto:


—¿Además de colocar el asfaltó que hizo Édgar Nava? —se le insistió a Javier García.
—Te voy a volver a repetir entonces —dijo en tono molesto—. Cuando yo llegué en el 2005, que fue cuando la empezamos a hacer, no había nada después de tres años. Se interperiza (sic), no había carpeta, no había obras de protección. Con base al presupuesto que se hizo se decía que costaba 22 millones de pesos, ya las empresas saben si llevan su planta de asfalto y planta de concreto (…) si tú vas a una casa y no la habitas empieza a tener humedad aunque se haya construido con los mejores materiales. El trabajo que hiciste en 2002 ya no te sirve para 2005. Tienes que volver a hacer todo, ya hubo lluvias, aire, ya le llegó el sol y todo eso afecta— aseveró.


Cuando se le preguntó que si con su argumentación está reconociendo la existencia de irregularidades en la construcción de la carretera, como lo advirtió la Auditoria Superior de la Federación (ASF) —según documentos publicados en el periódico El Universal— el funcionario se deslindó, asegurando que esta administración no construyó el tramo donde la semana pasada se registró el deslave en el que fallecieron 32 personas.


Asimismo, dijo no tener conocimiento de cuántas empresas constructoras posee Édgar Nava y aseguró que no es Contraloría para investigarlo.

 

 

239 millones de pesos en adjudicación directa
En otro orden, García Ramírez dijo que los 239 millones de pesos correspondientes a la adjudicación directa de obra pública en lo que va del sexenio han sido debidamente justificados, con base en la Ley de Obra Pública.


Dijo que no existe observación alguna hacia su secretaría por parte de alguna instancia fiscalizadora como el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) o la Contraloría estatal, por lo que consideró que no existen irregularidades en cuanto a dichos procedimientos.

 

LLAMADO
“Te voy a aclarar a ti porque creo que no te ha quedado muy claro (sic). Primero, ese tramo de carretera no fueron 13 kilómetros, fueron 18 con obras de protección, canaletas. Esa obra fue contratada por la secretaría a mi cargo, va de Alcomunga a Eloxochitlán, es una obra que estuvo suspendida más de tres años”, dijo Javier García.

 

 

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