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70 % de habitantes de casas del IPV podría perderlas

De no comprobar que son beneficiarios ante la Sedesol

 

El 70 por ciento de las familias que habitan más de cinco mil casas, entregadas por el Instituto Poblano de la Vivienda (IPV) desde 1998, corre el riesgo de perderlas, debido a que el Gobierno marinista sólo escriturará a beneficiarios del organismo. Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de Desarrollo Social (SDS), advirtió que si en el proceso de escrituración se comprueba que las residencias son ocupadas por no beneficiarios, el Gobierno se ajustará a la norma.


En entrevista, el funcionario marinista reveló además que Óscar Aguilar González no informó a la SDS la existencia de una denuncia por fraude en su contra, radicada en la Agencia Especializada Anticorrupción.


A pesar de que la SDS apoya al IPV para la escrituración de las más de cinco mil casas entregadas por el IPV desde 1998, Óscar Aguilar omitió informar a esta dependencia sobre la averiguación previa 1905/2005/dms2 de la Agencia Especializada Anticorrupción.


Para Lastiri Quirós este procedimiento político no dificulta, ni atrasa el proceso de escrituración que ya comenzó, pues dijo que la denuncia se refiere a un predio en particular. Sin embargo, no se atrevió a señalar una fecha específica cuando pueda terminarse este procedimiento.


Sólo aclaró que la entrega de los títulos de propiedad se hará a quienes comprueben que son beneficiarios de los programas del IPV: “No podemos hacer ni avalar algo que no establezca la norma. El proceso de escrituración tendrá que ser para quien legal o normativamente fue beneficiario. Si se tiene que corregir algún aspecto porque el beneficiario no está o no habitó, lo tenemos que platicar con la autoridad normativa que es Fonahpo. No vamos a cometer alguna arbitrariedad (…) Si se encuentra que las casas son ocupadas por no beneficiarios, tendríamos que ajustarnos a la norma, habría que regularizar este tipo de situaciones”, advirtió.


El funcionario aseveró que se analizará la situación jurídica de cada vivienda, así que los habitantes tendrán que demostrar la razón por la cual se encuentran residiendo en las casas. No obstante, dijo que si algunos no beneficiarios “de buena fe” se encuentran en alguna de estas residencias, podrán recibir apoyo gubernamental:
“Vamos a revisar la razón por la cual están habitando las gentes las viviendas, y si hay alguna persona que no acredite la propiedad, si no hay nadie que acredite la posesión, actuaremos de buena fe; no vamos a perjudicar a ninguna persona”.


En ese sentido, Lastiri Quirós indicó que la SDS dispondrá de un millón 800 mil pesos para pagar al personal operativo que ayudará al IPV a resolver la falta de escrituras. Este personal se encargará de hacer las gestiones pertinentes ante el Registro Público de la Propiedad y los Ayuntamientos, para que en breve el proceso esté terminado:


“Para la escrituración no podemos establecer una fecha porque participan otras áreas del Gobierno, trabajamos con notarios, registros públicos; en algunos predios no se tienen las actas de sesión de cabildo (…) Cada predio tiene sus características individuales. Habrá predios que revistan una mayor problemática, éstos tendrán que esperar un poco más (…) El tema está muy acotado con algunas gentes que se sintieron agredidas con la acción del IPV”, reconoció.


Asimismo, aseguró que Óscar Aguilar tendrá que responder jurídicamente a las acusaciones en su contra.

 

 

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