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Tiempos de Nigromante
de Arturo Rueda

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Blanca quema sus naves con los ambulantes

 

 

Tres semanas de fuego mediático hicieron que Blanca Alcalá tomara la decisión más osada de su carrera política y que quizá pudiera redefinir su trienio: sacar a los ambulantes del primer cuadro de la capital como una forma de apagar los fuegos dejados por Jajomar. Y es que las mediciones de las empresas encuestadoras que trabajan para el Ayuntamiento concluyeron lo mismo que afirmamos en este espacio hace una semana: que no era ni Enrique Doger ni Mario Marín los paganos de la concesión de la vía pública, sino la alcaldesa recién llegada al cargo. Los números variaban de empresa a empresa, pero todas coincidían en un punto: Alcalá se acercaba peligrosamente a bajar del seis de calificación, lo que en términos de aceptación ahora que está punto de cumplir el primero de seis tramos en el poder, podía convertirse en un desastre.

 

Así, Blanca decidió quemar sus naves: sacar a los ambulantes de las calles con el apoyo de la fuerza pública y pasando por alto las oscura negociaciones de Juan de Dios Bravo que, casualmente, nunca llegaban a ningún lado. Y es que aunque los acuerdos del zavalista entre los zavalistas incluían la presencia de las organizaciones tan sólo cuatro días a la semana, la verdad es que todos, especialmente los grupos ligados al secretario de Desarrollo Social, incumplían. Mil y un pretextos adujo Juan de Dios para nunca firmar el traslado a los predios adquiridos por el Ayuntamiento: que si no están listos los nuevos mercados, que los amparos interpuestos por las organizaciones para recuperar el terreno de Los Matanzo adquirido por la administración dogerista. Hasta que Blanca tomó el mando de la situación.

 

La urgencia de Alcalá no solo se reducía a dar un golpe mediático frente al fuego de los parquímetros, sino también en restablecer su relación con la cúpula de la iniciativa privada. Los empresarios tardaron en lanzarse contra Jajomar y compañía, pero cuando lo hicieron fue a la yugular, especialmente la Canaco y Antonio Garay del Centro Histórico. En las reuniones privadas el reclamo fue airado: “el Ayuntamiento incumple con liberar las calles de ambulantes, pero ahora pretende cobrar por estacionarse. ¿Cuál es la congruencia?”.

 

El retiro de los ambulantes, por si fuera poco, es una jugada de tres bandas que toca los intereses de Javier López Zavala. Y es que para nadie es sorpresa que las cuotas que cobran los líderes de las organizaciones van a dar a las oficinas de Juan de Dios Bravo y los agradecimientos políticos al cubil de Gerardo Mejía. Beneficiario política y sobre todo económicamente, a Zavala le interesaba los ambulantes siguieran ocupando las calles del centro. Ahora perderá, bajita la mano, por lo menos 700 mil pesos al mes.

 

La decisión, por supuesto, es arriesgada porque ahora el Ayuntamiento libra una guerra por las calles. En los operativos del viernes y sábado únicamente participaron municipales, y después de la agresión a Rodríguez Verdín se vieron en peligro de ser rebasados, por lo que Alcalá solicitó la presencia de fuerzas de seguridad estatal, así como la Metropolitana. Después del botellazo al director de Vía Pública, Gustavo Torrentera, la presencia de los cuerpos de seguridad se mantendrá por varios días en lo que los ambulantes se instalan en los dos predios adquiridos por el gobierno. Pero, ¿y cuándo se vaya la fuerza pública? Ahí se encuentra el gran riesgo.

 

La decisión de Blanca Alcalá parece correcta: por una parte, al sacar a los ambulantes de las calles de centro, cumple con una promesa de campaña y recupera puntos frente a la ciudadanía, así como con los empresarios. Por otra parte, envía un mensaje a los grupos de poder que sienten tenerla cercada: la presidente es ella, y nadie más. Tomarás las decisiones que le convenga a pesar de los posibles roces.

 

Sin embargo, todo dependerá de que logre mantener a las organizaciones en los nuevos mercados y sin regresar a las calles. El golpe mediático puede caerse ahí: el mensaje de firmeza a los grupos priístas y el restablecimiento de relaciones con los empresarios. En otras palabras: lo que está en juego es el hecho de la alcaldesa puede tomar decisiones costosas, pero sostenerlas frente a las presiones.

 

 

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