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Tiempos de Nigromante
de Arturo Rueda

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Los reflejos del marinismo

 

 

Los reflejos del gobierno marinista son muy lentos y sus estrategias desgastadas. Casi podría decirse que las únicas reacciones que se permiten, ante cualquier eventualidad que enfrentan, es el silencio y la negación. Así, el régimen podría caracterizarse en materia de comunicación como un recurso permanente a la negación de la realidad, y ya se sabe que la realidad siempre acaba venciendo a la más poderosa ficción. Por fin, después de dos semanas del mayor asedio por parte del crimen organizado a la entidad, en Casa Aguayo se dieron el lujo de aceptar la presencia del crimen organizado “muy al norte y muy al sur de la entidad”. Ahora, gracias a Mario Montero, ya es oficial lo que siempre se negó: Los Zetas operan en la zona norte –Huachinango y Xicotepec, así como el corredor Tehuacán-Oaxaca, tal y como lo adelantó CAMBIO.

 

La administración marinista sólo tiene capacidad de administrar sus conflictos gracias a la cooptación de la prensa escrita, de radio y televisión. Pero sus funcionarios son ineficaces para comunicar. “La doctrina Marín”, anunciada en la cátedra de la impunidad de principios de año en Mazatlán, se ha convertido en el dogma fundamental del gobierno: siempre hay que negar todo, al costo de quedar como tontos. Y la oficina principal de la negación es la secretaría de Gobernación, por definición la dependencia que debería tener la mayor concentración de información. Desde el primer piso de Caso Aguayo se ha negado por igual la detención de Rubén Gil Campos en Estados Unidos que el secuestro del judicial placa 646.

 

Es comprensible la preocupación del gobierno marinista por negar la invasión del crimen organizado, al grado de atribuir a una psicosis la preocupación por Los Zetas. En primera instancia porque pierden el único activo que genuinamente habían construido: la percepción de Puebla como uno de los estados más seguros del país, alejados de los ejecutados, levantados y tiroteos que construyen la geografía nacional del crimen. En segunda instancia exhibe la división de los cuerpos policíacos generada por la actitud soberbia e indolente –al mismo tiempo- del General Ayón, quien ayer debió de salir de su juerga de tres semanas obligado por la presencia del Presidente de la República en los festejos del 5 de mayo.

 

Si la psicosis es una alteración de los procesos cognitivos que dificultan la facultad de reconocer la realidad, es claro que los medios no sufren de esa enfermedad. Hasta donde sabemos, Rubén Gil no gobierno en Izúcar de Matamoros porque se encuentra detenido en Estados Unidos bajo los cargos de tráfico de drogas. Y a menos que lo hayamos imaginado, Puebla presume por primera vez tener dos ejecutados antes de acabar el primer semestre del año: uno en Huachinango –relacionado con otro empresario ejecutado en el 2006- y otro en el judicial levantado por Los Zetas durante la balacera en Córdoba. Y a menos que compartamos la sonrisita idiota de Igor Archundia, pues es indudable que el placa 646 ni se ató los pies solo y tampoco se ahogó solo,  y por si fuera poco, se depositó solo en el Río Blanco para ser encontrado.

 

La evidencia material es contundente: ni los custodios de Cometra se imaginaron el asalto, ni los ciento cincuenta policías que participaron en el operativo para detener a los delincuentes se movilizaron por nada. Tampoco un juez de distrito consignó a cinco miembros de La Federación por delitos imaginarios, sino porque en verdad quisieron corromper al destacamento militar del Aeropuerto para bajar un avión cargado de cocaína. El mismo Ricardo Henaine, administrador del espacio aeronáutico, aceptó que no es la primera vez que ocurre. Y todo sumado a los mismos dichos del secretario de Gobernación, en el sentido de que el narcotráfico se encuentra “muy al norte y muy al sur” del estado, entonces el cuadro toma sentido.

 

Puntualizó: lo peor que podría ocurrirle a Puebla es que el marinismo no sólo tenga reflejos lentos para admitir la realidad, sino que al interior del mismo gobierno se nieguen las evidencias y en consecuencia no se proceda a hacer los ajustes al interior de los cuerpos de seguridad. El Ejército ya reaccionó cambiando al Jefe de la Zona Militar por encubrir la muerte de un soldado a manos del crimen organizado. ¿Y los cuerpos de seguridad estatales?

 

Parece que se hecho poco: Mario Ayón sigue siendo secretario de Seguridad Pública a pesar de su incompetencia y entre Alejandro Fernández y el recién llegado Armando Toxqui se reparten las responsabilidades mientras Igor Archundia coloca a sus favoritos en los puestos estratégicos de la PGJ. El blindaje en las carreteras todavía no ofrece resultados y nadie ha escuchado sobrevolar el helicóptero que volaría veinticuatro horas continuas para protegernos del crimen organizado.

 

Y eso que todavía no leemos el informe que Montero debía rendir al Congreso del Estado para explicar el caso del narcoalcalde.

 

 

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