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Tiempos de Nigromante
de Arturo Rueda

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Suripantas, abyectos y calientacamas

 

 

No nos causa sorpresa que los diputados sean los personajes peor calificados de nuestra sociedad. Y los que menos confianza y credibilidad reúnen. Razones sobran, visto el espectáculo proporcionado en el pleno del Congreso local para aprobar la sui generis Reforma electoral priísta que mantiene las elecciones del 2010 en el mes de noviembre. Con la necesidad de sumar dos votos a los 26 de la fracción tricolor para reunir la mayoría calificada que se exige en caso de reformas constitucionales, sobraron cachirules.

 

Ante el súbito ataque de pudor que tuvo la perredista Irma Ramos, dos aliados habituales siguieron la consigna y acataron el crimen constitucional. Manuel Fernández y Carolina O’farril, seudo opositores, priístas vergonzantes, alzaron su manita. Lo que un día Pepe Momoxpan llamó el Frente Amplio Marinista. Y sin embargo, hubo debut triunfal en el Frente: Rogerio Pablo Contreras, diputado del Panal, escapó a la línea dictada por Gustavo Espinoza y se convirtió en el as bajo la manga preparado por Mario Montero en caso de que hubiera problemas.

 

No es raro que los diputados del PRI voten la iniciativa que defiende los intereses del gobernador emanado del tricolor. Sí lo es que supuestos opositores se sumen, así, sin más. Por eso merece los adjetivos que la sociedad quiera ponerles. Farsantes. Solapadores. Vendidos. Simuladores. Perjuros. Meretrices. Zalameros. Hipócritas. Mentirosos. Impostores. Bufones. Come cuando hay. Prostitutos. Limosneros. Corruptos. Obsequiosos. Mujerzuelas. Lisonjeros. Serviles. Abyectos. Chichifos.

Despreciables. Lavacaras. Calientacamas. Descocados. Tiralevitas. Lameculos. Suripantas. Sodomitas. Muertos de hambre. Todo eso, al mismo tiempo, eso los tres diputados que permitieron el crimen constitucional. Que su nombre no se olvida en la consciencia colectiva: Carolina O’farril, Manuel Fernández, Rogelio Pablo Contreras.

 

Los diputados priístas cantan victoria: una vez más aplastaron con su mayoría mecánica y le aventaron unos platos de lentejas a los opositores dispuestos a ofrecer calzones y pantaletas. Columnistas a los que también se les puede aplicar la misma lista de adjetivos se muestran jactanciosos porque, cómo no, para eso es el poder, pensando que todo el territorio nacional es Puebla, donde los chicharrones marinistas truenan.

 

Para cantar victoria falta un escollo: sortear la acción de inconstitucionalidad prevista por el artículo 105 de la Carta Magna. En el caso de leyes y disposiciones electorales, están facultados para presentarla las dirigencias nacionales de los partidos políticos. Es previsible que la presentaran Acción Nacional y el Panal. Así que todo se resolverá en los tribunales.

 

Pero ya no se sabe qué es peor: la aplanadora tricolor que comete un abierto desacato constitucional para resolver un problema político, o que la Suprema Corte de Justicia les dé la razón a los panistas-panalistas. Veamos por qué.

 

Supongamos que, dada la parsimonia que los doctos ministros de la Corte se toman para analizar, en el mejor de los casos resolverían la acción de inconstitucionalidad en exactamente un año. Es decir, el 13 de febrero de 2010 la Suprema Corte declara que, en efecto, los comicios locales deben celebrarse en julio de 2010.

 

¿Alguien quiere explicarme cómo carambas hará el Instituto Electoral para organizar una elección en apenas cuatro meses y medio? ¿Cómo se aplicará el reglamento de precampañas y se dispondrá de los tiempos oficiales en medios de comunicación? ¿Cómo harán los partidos para acelerar la designación de candidatos en todos niveles, diputados, alcaldes, regidores? ¿Cómo hacer todo eso, si con la elección en noviembre la organización oficial comienza en marzo?

 

Ni como hacerle, ya sea para noviembre o para julio, la elección del 2010 ya se anuncia caótica. No sólo por el acostumbrado choque de aspirantes, precandidatos y candidatos a todo lo que se mueve, sino por la desestabilización institucional que sufrirá la entidad. Las fechas de los comicios no es baladí, por más que quiera mostrarse así.

 

La trampa en la que se metió el tricolor, al final, puede perjudicarles. Aquél argumento de que Mario Marín, por un simple capricho personal, no quiere coexistir con un gobernador electo más de seis meses también es absurdo, dado que la cultura política tricolor nos ha acostumbrado que una vez que el candidato es destapado, se crea una especie de gobierno paralelo.  Así lo vivió Melquíades Morales con Manuel Bartlett, y Marín con Melquíades Morales. Es una especie de pacto de caballeros; el saliente ya consulta todas las decisiones con el que llegará.

 

Entonces, ¿para qué quiere más tiempo Marín? Recordemos que su mandato no ha sido limitado, sino la fecha de entronización del próximo gobernador. Ahí está la respuesta: Marín necesita más tiempo para preparar el destape oficial. O, dado que puede hacerlo en cualquier momento, el tiempo sobrante es que para que su candidato alcance un lugar decente en las encuestas. Y ya saben a quién me refiero.

 

 

 

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