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Tiempos de Nigromante
de Arturo Rueda

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Languidece el legado bartlistta

 

 

La Ley para el Federalismo Hacendario ha muerto, y nadie derramó una lágrima por ella. El legado legislativo de Manuel Bartlett, tristemente, languidece. Apenas ha pasado poco más de una década de la última gran batalla entre el panismo y el gobierno bartlistta, pero muchos de los actores políticos y mediáticos de la época han renunciado gustosos a las posturas ideológicas para abrazar gustosos el estéril ejercicio especulativo de la sucesión marinista. Polvo de viejos lodos que ya nadie recuerda, pero hace diez años Manuel Bartlett, desde Puebla, fue la punta de lanza federalista de la que hoy gozan los gobiernos estatales. Gracias a la lucha del ex gobernador, el presupuesto estatal, en esos mismos diez años, creció de 18 mil millones de pesos a la friolera de los 47 mil millones ejercidos por Mario Marín en el 2008.

 

La Ley para el Federalismo Hacendario tiene como antecedente el desastre electoral del tricolor en 1995, cuando después del “error de diciembre”, el panismo se alzó con la victoria en los principales municipios urbanos, la capital incluida. Aunque la historia recuerda hoy a Germán Sierra como el principal derrotado de esa jornada electoral, no fue el único. En 1996 se inició una tortuosa cohabitación: el estado era gobernado por el PRI, pero los principales municipios, incluida Puebla, eran gobernados por la oposición.

En esos años, a nivel federal, se inició la gran reforma para descentralizar recursos a través del ramo 33.

 

La Ley de Coordinación Fiscal, además de las participaciones, estableció nuevos recursos para estados y municipios a través de los diversos fondos de aportaciones. Paradójicamente —o perversamente— la reforma de Ernesto Zedillo benefició a las capitales y centros urbanos que el PAN conquistó a partir de mediados de los noventa, ya que el factor de asignación de recursos fue la concentración poblacional, en vez de un factor de marginación, lo que hubiera beneficiado a los ayuntamientos gobernados por el tricolor.

 

El Federalismo zedillista, visto desde esa perspectiva, tenía como beneficiario a Acción Nacional. Contra esa visión torcida se alzó Manuel Bartlett en su calidad de gobernador poblano. A su conflictiva cohabitación con Gabriel Hinojosa, sumado al escándalo nacional de Huejotzingo, iba a resultar que los ayuntamientos panistas serían los grandes beneficiarios de la reforma del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

 

Contrario a las vacuidad que domina la lucha política en la actualidad, Manuel Bartlett planteó una batalla ideológica: Federalismo vs Municipalismo. Centralismo contra descentralización. No sólo transferencia de recursos, sino también de facultades constitucionales. El PAN respondió convirtiéndose en la oposición más beligerante de la historia poblana, y Ana Teresa Aranda, Francisco Fraile y Gabriel Hinojosa fueron ungidos como los santos laicos de la lucha contra el autoritarismo bartlistta.

 

En una ríspida sesión el Congreso Local utilizó su mayoría para aprobar Ley para el Federalismo Hacendario que a la par de surgir a la vida legal inició su polémica por la creación de los famosos COPLADEMUN, Consejos de Planeación y Desarrollo Municipal, que tenían la atribución de decidir las obras a realizar con los recursos del Ramo 33, despojando al Cabildo y al alcalde de tal atribución. Dichos Consejos se integraban por líderes vecinales y de colonias afines al tricolor, con lo que los panistas eran neutralizados. Además, dicha Ley revivió a las Juntas Auxiliares como órganos de gobierno preexistentes a los municipios.

 

Los alcaldes panistas impugnaron la Ley para el Federalismo Hacendario mediante una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Dos años después de su aprobación, cuando Bartlett ya se había ido y Melquiades Morales era el gobernador, la Corte falló a favor de los municipios quejosos y declaró inexistentes e ilegales los COPLADEMUN por constituirse en una instancia intermedia entre el Ayuntamiento y el gobierno estatal, hecho prohibido por el artículo 115 constitucional. Los tiempos habían cambiado: ahora había un mandatario conciliador y una oposición colaboradora.

 

Una década después las demandas federalistas triunfaron gracias a precursores como Bartlett. No sabemos si para bien o para mal, porque los gobernadores se han transformado en señores feudales que hacen y deshacen en sus territorios. Hoy tienen más recursos que nunca, y los fondos federales siguen creciendo exponencialmente. En su mejor año, Bartlett tuvo 18 mil millones; Melquiades, 29 mil, y Marín ha llegado a los 47 mil millones de pesos.

 

La cohabitación entre un gobernador priista y alcaldes de oposición también se ha suavizado y los mecanismos de control son más políticos que legales. Hoy los presidentes municipales prefieren llevarla tranquila una vez que la nueva Ley de Coordinación fija la entrega obligatoria de sus recursos en materia de aportaciones y participaciones.

 

En suma, la Ley para el Federalismo Hacendario perdió su razón de ser con el paso de los años. Y sin embargo, también desaparece el legado de Manuel Bartlett que empeñó las grandes batallas de su sexenio basado en ideologías y conceptos políticos y constitucionales de organización de la sociedad.

 

Frente a la vacuidad sucesoria se extraña el profundo pensamiento bartlistta. Por ello quizá hay quienes festejan el acta de defunción a la Ley para el Federalismo Hacendario.

 

 

 

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