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Tiempos de Nigromante
de Arturo Rueda

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A pesar haberse convertido en un personaje “incómodo”, nada ni nadie ha podido removerlo del cargo. ¿Por qué? ¿Es tan buena su defensa jurídica? Nos dimos a la tarea de investigarlo.

 

Se tambalea la destitución

 

Los medios de comunicación, en general, carecen del sentido de la rectificación, mecanismo más alto de la autocrítica. Comprometidos con una cobertura en determinado sentido, de plano pasan por alto datos, documentos, testimonios o informaciones que los lleve en sentido contrario. Más aún si dicha cobertura tuvo un efecto en el mundo de los hechos: provocó una renuncia o un cambio drástico de políticas públicas. Cortar una cabeza, en jerga periodística, es el listón más alto al que aspira un reportero. Aquí, en CAMBIO, el 24 de septiembre de 2007 lanzamos a la opinión pública el escándalo de Antonio Juárez Acevedo, designado ilegalmente como Comisionado de Acceso a la Información Pública por un periodo de seis años cuando, cuando según constancia del Instituto Federal Electoral era miembro directivo de la agrupación Política Nacional “Plataforma Cuatro”, violando el artículo 27, fracción sexta, de la Ley de Acceso a la Información Pública.

 

Más de un año después, el 15 de diciembre del 2008, el Congreso local destituyó formalmente a Juárez Acevedo después de un linchamiento mediático que lo colocó como uno de los personajes de la picaresca local más desprestigiados. CAMBIO participó activamente de ésa crucifixión, y festejó la destitución del mil veces llamado mentiroso en esta columna.

 

Y sin embargo, cinco meses después de la destitución, Juárez Acevedo sigue cobrando como miembro de la CAIP. Ahí sigue teniendo su despacho, participa de las resoluciones de la institución, y desde su resistencia, se convirtió en cazador de sus ex padrinos marinistas, y lleva cinco meses lanzando resoluciones en contra de la administración estatal movido por un sentimiento de revancha. A pesar haberse convertido en un personaje “incómodo”, nada ni nadie ha podido removerlo del cargo. ¿Por qué? ¿Es tan buena su defensa jurídica? Nos dimos a la tarea de investigarlo.

 

Ahora, el mismo medio que crucificó a Antonio Juárez Acevedo, y Selene Ríos Andraca, la misma reportera que presentó las pruebas que iniciaron la investigación del Congreso local, abren una perspectiva distinta: la posibilidad de que el hoy destituido comisionado sea inocente. Sí. Inocente. O en otras palabras: que el procedimiento llevado a cabo por el Congreso local es tan deficiente que “olvidó” considerar un aspecto fundamental: que los peritos de la Procuraduría General de Justicia determinaron que en tres de los cuatro documentos fundamentales para inculparlo, las firmas de Juárez Acevedo son falsas. Sí, falsas.

 

Al tonto funcional de Pablo Fernández del Campo, en su calidad de redactor del dictamen de destitución, se le hizo fácil obviar los resultados del peritaje de la PGJ. Ni comentarlos, vaya. Tan sólo citó lo que le convenía: el único documento que tiene una firma verdadera. Un documento, por cierto, que no tiene sello oficial, ni membrete, y ni siquiera hace mención de la Agrupación Política Nacional “Plataforma Cuatro”.

 

Tan pronto leyó el dictamen de su destitución, Juárez Acevedo se frotó las manos y preparó su defensa jurídica para evidenciar la estupidez de sus juzgadores. Interpuso un juicio de amparo y obtuvo la suspensión provisional. Por ello el destituido comisionado sigue laborando como comisionado y cobrando como comisionado para vergüenza del Congreso local.


Se abre la puerta entonces para una rectificación inédita en la historia del periodismo local. No nos avergüenza, sino que por el contrario nos enorgullece la capacidad de mostrar nuevas pruebas que conducirían a la inocencia de Antonio Juárez Acevedo. O por lo menos a la exoneración jurídica gracias a la incapacidad de Pablo Fernández del Campo, quien no pudo armar un expediente lo suficientemente sólido para resistir el análisis de los tribunales federales. O del propio inculpado, que puede ser mentiroso, pero nadie puede negar es un buen abogado. Y más si los propios peritos llamados por el Congreso local detectaron las firmas falsas.

 

¿Será inocente Antonio Juárez Acevedo? Falta poco para saberlo.

 

 

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